La Asociación Es Jonquet ha hecho público un manifiesto en el que reclama a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) el reconocimiento del concepto de “náutica social” y la protección de los amarres de gestión pública en el Puerto de Mahón.

Según afirma la entidad, constituida en 2021, su objetivo es “la defensa de la gestión pública de los amarres”, frente a lo que considera una “progresiva privatización de los espacios portuarios” y una “cesión de los amarres sociales a favor de las marinas privadas y del negocio náutico”.

En el documento, la asociación defiende que los residentes de Mahón y Es Castell puedan tener acceso a amarres en condiciones alejadas del modelo turístico intensivo, priorizando un uso “sostenible” durante todo el año. Esta modalidad estaría enfocada, según explican, a embarcaciones de pequeña eslora –por debajo de los 12 metros– y con un uso familiar o recreativo no profesional.

Es Jonquet advierte que la gestión pública directa de alrededor de un tercio de los amarres del puerto “podría verse amenazada” si se llevan a cabo nuevos procesos de privatización en zonas como los muelles de Levante y Poniente, frente a Sa Llotja y Costa d’en Reynés. Aseguran que estos cambios “se traducirían en precios prohibitivos para la mayoría de la población local”, algo que, según denuncian, implicaría “una pérdida del carácter social de la gestión portuaria”.

Entre sus principales reivindicaciones, la asociación solicita el reconocimiento institucional de la “náutica social” como una realidad consolidada en el puerto, la paralización de los procesos de privatización actualmente en marcha y el compromiso, por parte de la APB, de no realizar nuevas concesiones privadas sobre amarres de gestión directa.

Además, esta entidad de usuarios del puerto solicita más recursos y personal cualificado para garantizar la gestión pública de los amarres, la reserva de un 30% de los amarres de Cala Figuera para gestión directa, como medida compensatoria ante las privatizaciones ya realizadas y una mayor participación ciudadana y representación en los órganos de decisión de la Autoridad Portuaria.

La entidad considera que la actual política de “racionalización”, impulsada por la APB, “supone abandonar a los usuarios locales a la lógica de un mercado turístico y especulativo”, y defiende la “dignificación del servicio público” como única garantía para preservar el acceso de la ciudadanía al uso del puerto.