El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado, en su reunión celebrada ayer en Palma, sacar a concurso público la explotación de los amarres que hasta ahora gestiona el Club Marítimo de Mahón. La intención del ente portuario es esta instalación esté enfocada de forma prioritaria al fomento de la práctica federada del deporte de la vela y el piragüismo.

Para conseguirlo el ente portuario asegura, en una nota de prensa enviada a los medios, que se dará el mayor peso en las bases del concurso, que aún no se han hecho públicas, a la oferta que apueste por invertir una mayor cantidad al año en actividades deportivas. El plan deportivo presentado por cada empresa licitadora deberá incluir acciones que promuevan el deporte base y federado y deberá concretar las partidas económicas destinadas a ello.

La APB señala que la tasa anual de ocupación del dominio público portuario será fija, eliminando la posibilidad de ofertar cantidades adicionales que aumenten los ingresos que percibe la APB por la concesión y las posibles mejoras económicas de las empresas licitadoras deberán estar orientadas a una mayor inversión en la promoción del deporte náutico.

La concesión, que será otorgada por un plazo máximo de 30 años, comprenderá una superficie total de más de 22.000 metros cuadrados, ampliable hasta casi 29.000 metros, distribuidos entre espejo de agua y superficie en tierra. Éstos están ubicados en el muelle de Levante, entre la Punta des Rellotge y la explanada de Cala Figuera del puerto de Maó.

La instalación náutica deberá implantar escuelas de vela y piragüismo abiertas a niños, jóvenes y adultos, organizar competiciones y crear programas de tecnificación y apoyo económico a deportistas, como becas o ayudas a deportistas por resultados o desplazamientos. También estará obligada a impulsar actividades formativas, sociales y medioambientales, así como a mantener un calendario anual de eventos deportivos validados por las federaciones autonómicas y nacionales.

Opcionalmente, el licitador podrá desarrollar otras iniciativas y deportes náuticos, tales como la pesca deportiva o actividades subacuáticas. Además, tendrá que fomentar programas complementarios de carácter educativo, cultural y medioambiental, así como promocionar clubes de navegación y la práctica inclusiva del deporte náutico.

La instalación náutica deberá ofrecer un número mínimo de 75 amarres para embarcaciones de hasta 8 metros de eslora, de los cuales ocho se reservarán a embarcaciones de vela latina, y un máximo del 20 por ciento para embarcaciones de más de 12 metros.

Los usuarios actuales con embarcaciones de base tendrán derecho preferente en la nueva concesión, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Los pliegos establecen unas tarifas máximas de atraque y en la valoración de las ofertas se dará mayor puntuación a aquellas que ofrezcan tarifas más bajas.

Asimismo, será obligatorio ejecutar inversiones tanto en infraestructuras como en equipamiento deportivo durante los tres primeros años de concesión, con especial atención a la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, tales como la instalación de amarres adaptados para la de recarga eléctrica para fomentar la paulatina trasformación de la flota a embarcaciones más sostenibles.

Se valorará en el concurso la incorporación de energías renovables y materiales de bajo impacto ecológico, así como medidas de mejora de la biodiversidad marina.

Se tendrá en cuenta a la hora de valorar las ofertas, la ponderación entre la inversión comprometida en el proyecto y los años propuestos de concesión. Eso sí, como novedad, y para evitar el deterioro de la infraestructura a lo largo de los años, la APB establece una inversión de reposición por parte de la instalación náutica de al menos dos millones de euros en la renovación y mejora del equipamiento portuario a partir del año 18 de la concesión.