La Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de las Islas Baleares (APANIB) alerta de que si el Govern mantiene tal y como está el decreto que regula la actividad de embarcaciones en Baleares, existe un “riesgo de colapso” entre las empresas agrupadas en esta patronal que podría suponer el cierre total del negocio para la mayoría de ellas.
Las firmas de chárter que forman parte de APANIB, más de un centenar, elaboraron un análisis del impacto económico y de distorsión competitiva que supone la entrada en vigor del decreto y cifran la caída de sus ingresos para la próxima temporada en un 50%, con una pérdida de puestos de trabajo y un volumen de 23 millones de euros de activos no amortizados que están en riesgo de liquidación.
Este informe fue remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que emitió el pasado 28 de octubre un requerimiento dirigido al Consell de Govern —previo a la interposición de un contencioso judicial— para que modifique varios artículos del decreto que regula el alquiler de embarcaciones de recreo en las Islas.
El Govern dispone de plazo hasta final de año para contestar a este requerimiento, que solicita al ejecutivo que elimine “algunas de las previsiones contenidas en el decreto de chárter que suponen un obstáculo a la competencia efectiva o, en su caso, aporte una justificación objetiva para la imposición y mantenimiento de las mismas”.
Para el presidente de APANIB, Álvaro Aguirre, “que una entidad estatal independiente cuestione una norma autonómica en estos términos confirma una preocupación que nuestro sector venía advirtiendo desde el principio; no estamos ante una regulación técnica del mar, sino ante restricciones que dañan el mercado y la reputación de quienes cumplen la ley”.
Según el presidente de la patronal náutica, “la prohibición absoluta de la venta por plazas individuales es una modalidad legal que en el resto de las comunidades socializa las actividades de ocio y recreo náuticas en contraposición a las fiestas náuticas o a un turismo de las élites económicas”.
Para el Àlex Mestre, vicepresidente de la asociación, el Decreto 44/2025 introduce medidas inéditas y restricciones sin justificación ni técnica ni ambiental. “Hablamos de restricciones que dañan el mercado y la reputación de quienes cumplen la ley, que no aportan mejoras ambientales, ni incrementan la seguridad marítima, porque un mismo barco, con el mismo patrón, mismo seguro y mismas inspecciones, no cambia su impacto en el mar por vender plazas individuales o por alquilarse completo; lo único que cambia es quién puede acceder al mar y quién se queda fuera del mercado”.
La asociación náutica, integrada en la patronal PIMEM, recuerda que las empresas legales de Lista 6ª cumplen la ley y no pueden ser asociadas a intrusismo ni a riesgo y que es necesario hacer pedagogía pública sobre un sector desconocido pero estratégico. Para Aguirre, “se trata de solicitar una regulación proporcionada, basada en datos, no en percepciones, y garantizar la seguridad jurídica, no privilegios, además de proteger el acceso democrático al mar, evitando que el turismo se reserve solo a quienes pueden pagar embarcaciones completas”.
El presidente de APANIB remarca que esta asociación representa a las pequeñas y medianas empresas del sector del chárter náutico profesional que operan bajo estrictas normas de seguridad marítima, titulaciones profesionales, inspecciones periódicas obligatorias, certificados de navegabilidad y seguros de responsabilidad civil reforzada. “No hablamos de actividad informal, ni de intrusismo; estamos hablando de empresas que cumplen la ley, pagan impuestos, generan empleo y operan de forma sostenible en nuestras costas”, ha señalado.
