La Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM) ha expresado su respaldo total al decreto de chárter náutico aprobado por el Govern de les Illes Balears, en vigor desde el pasado mes de agosto. La entidad defiende que esta normativa “aporta orden, seguridad jurídica y estándares de calidad imprescindibles” y responde de esta forma a las declaraciones de la Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de las Islas Baleares (APANIB), que vaticinan un “riesgo de colapso” si se mantiene el decreto.
APEAM sostiene, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, que el decreto responde a necesidades reales del mercado y contribuye a consolidar una actividad turística de alto valor añadido, alineada con las exigencias de seguridad y profesionalización que requieren las Illes Balears. La asociación advierte de que “algunos discursos críticos buscan mantener prácticas irregulares o de baja calidad que perjudican la imagen del destino y comprometen la seguridad de los usuarios”.
La patronal náutica vinculada a la CAEB rechaza la idea de que el decreto pueda provocar “pérdidas millonarias” por la supuesta depreciación de las embarcaciones que no están amortizadas. “A diferencia de los vehículos terrestres —argumenta la patronal— los barcos de uso comercial forman parte del patrimonio inversor de las empresas y, con un mantenimiento adecuado, conservan e incluso incrementan su valor con el paso del tiempo”. Recuerda también que se trata del único bien no inmueble que puede ser objeto de hipoteca, lo que confirma su estabilidad como activo. En esta línea, subraya que la obligación de contar con un puerto base, una de las medidas clave del decreto, es “esencial para garantizar revisiones periódicas, reparaciones y limpieza, y por tanto para mantener el valor del activo y asegurar la seguridad del servicio”.
La asociación señala que el descenso de facturación en esta temporada responde a un contexto global y no es consecuencia del nuevo marco regulatorio. APEAM afirma que la caída de ingresos y matriculaciones ha afectado por igual a todo el Mediterráneo español, en un proceso de ajuste posterior al crecimiento extraordinario que vivió la náutica recreativa durante la pandemia.
Otro de los argumentos de APEAM en favor de la nueva norma autonómica es la necesidad de adecuarse a la legislación estatal y comunitaria. El decreto balear, explica, aclara la ilegalidad de la venta “plaza a plaza, una modalidad que ya había sido considerada irregular por la Abogacía del Estado y que no cumple con las exigencias de la Directiva Europea sobre embarcaciones de recreo”.
Tampoco las actividades de transporte comercial realizadas por embarcaciones con simple marcado CE —como excursiones o traslados— cuentan con cobertura normativa, al carecer de homologación comercial. Un decreto autonómico, recuerda la patronal, no puede legalizar prácticas prohibidas por regulación europea.
Finalmente, la asociación destaca que el requisito de contar con un punto legal de atraque y de embarque y desembarque no es una imposición autonómica, sino una obligación derivada de la legislación estatal en materia de navegación y costas. Según estas normas, el fondeo y las operaciones comerciales fuera de zonas portuarias solo están permitidos para determinadas actividades específicas —como las excursiones costeras tradicionales— y bajo autorización expresa.
