El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, hace balance de los dos primeros años de legislatura, un periodo marcado por la puesta en marcha de la nueva conselleria. Defiende la necesidad de que Ports IB refuerce la vigilancia, la seguridad y la protección ambiental, y critica la falta de reinversión del Estado en el litoral balear. Lafuente reclama respeto a las competencias autonómicas. También destaca el valor de las mesas náuticas y la importancia de acercar el mar a los más jóvenes a través de la Setmana Blava. 

Pregunta.– ¿Qué balance hace de estos dos primeros años al frente de la Conselleria del Mar?

Respuesta.– Han sido dos años muy intensos. Desde el primer día tuvimos que poner en marcha una conselleria nueva, tomar contacto con los distintos sectores, evaluar la situación real del litoral y de los puertos y empezar a gestionar problemas que surgen tanto a medio y largo plazo como en el día a día. Ha sido un periodo de actividad constante, pero considero que el balance es positivo: no hemos parado y hemos podido iniciar líneas de trabajo que necesitaban arrancar.

P.– ¿Qué prioridades se marca para los dos años restantes?

R.– Siempre queda trabajo por hacer. En este tiempo hemos tomado las riendas de Ports IB y hemos impulsado un programa de inversiones muy ambicioso para modernizar los puertos autonómicos. También hemos reenfocado Ports IB como un ente al servicio del mar, con dos grandes líneas: reforzar la vigilancia y la seguridad –creando un centro de control y una flota propia de vigilancia– y mejorar el estado ambiental del mar, centralizando en Ports IB todo el servicio de limpieza.

P.– El nuevo servicio de inspección y vigilancia costera ha arrancado con retrasos por la matriculación de embarcaciones. ¿Cuándo estará plenamente operativo?

R.– Ya tenemos embarcaciones despachadas en todas las islas. El retraso ha sido burocrático: los barcos estaban listos, pero los trámites fueron más lentos de lo previsto. El próximo verano estará funcionando al cien por cien. Es imprescindible avanzar hacia una administración más ágil; tanto las embarcaciones públicas como las privadas sufren tiempos de despacho excesivos en Baleares.

P.– Este año se ha estrenado la nueva plataforma de reservas. ¿Qué valoración hace?

R.– La herramienta mejora la gestión directa de los amarres y la eficiencia del sistema. Los datos lo demuestran: hemos pasado de 9.779 reservas en 2024 a 12.960 en 2025, un aumento del 32% en un solo año. Aún podemos seguir optimizándola, pero ya está facilitando que los navegantes accedan a los amarres públicos de forma ágil y transparente. También hemos registrado un aumento significativo en las reservas de campos de boyas.

P.– En la reciente Cumbre Nacional del Litoral reclamó que los 12 millones que Costas recauda en Baleares se reinviertan aquí. ¿Cree que es viable?

R.– Al asumir la competencia en julio de 2023, tuvimos que crear desde cero una dirección general capaz de tramitar autorizaciones en playas, ocupaciones temporales o eventos. Nuestra crítica es clara: el decreto de transferencias es insuficiente. Solo la gestión cuesta más de lo que se transfiere, y además el Estado se reserva el cobro del canon. Es decir, hacemos la gestión con menos medios de los necesarios y sin que Baleares reciba los recursos que genera.

P.– ¿Cómo definiría la actitud del Gobierno central?

R.– De desentendimiento absoluto. Baleares tiene casi mil kilómetros de costa y llevamos dos años sin que el Estado reinvierta ni un euro de los 12 millones anuales que recauda aquí. Hay playas que requieren mantenimiento, acantilados con riesgo, rampas de varada pendientes de mejorar y muelles antiguos que podríamos recuperar. Hemos solicitado por escrito varias veces la reunión de la comisión mixta prevista en el decreto y ni siquiera hemos podido convocarla. Ni con el cambio de ministra se ha avanzado. Es una situación difícil de justificar desde el punto de vista institucional.

P.– Otro foco de conflicto con el Gobierno es la norma estatal que permite alquilar embarcaciones privadas.

R.– Nuestra postura es clara: debe existir una norma estatal, sí, pero que respete las competencias que el Estatuto otorga a Baleares para regular el arrendamiento. Tenemos un sector profesional muy consolidado en lista sexta y una presión náutica mayor que en otras comunidades. Permitir el alquiler de embarcaciones que no están preparadas para ello aumenta la inseguridad y la presión en verano. Que este verano hubiera pocas solicitudes no significa nada: si se abre esa vía, crecerá. Ya hemos visto cómo ha evolucionado la ista sexta en los últimos años. Lo lógico es que el Estado regule un marco general y permita excepciones a las comunidades que, como Baleares, tenemos competencia y razones sólidas para ejercerla.

P.– Los mensajes del Estado a este respecto han sido, quizás, muy contradictorios.

R.– Exacto. Primero dicen que lo desarrollarán, luego lo publican en agosto, después anuncian que lo cambiarán para el verano siguiente, más tarde afirman que no hace falta porque «son pocos casos», y ahora vuelven a hablar de otro decreto. Quien varía su discurso es el Ministerio. Nosotros no: no debe permitirse el alquiler de lista séptima. En cualquier caso, creemos que terminarán rectificando.

P.– La Conselleria ha impulsado las mesas náuticas como órgano consultivo. ¿Cómo valora su funcionamiento?

R.– De forma muy positiva. Mantener contacto con quienes están en primera línea (empresas, clubes, marinas, formadores, usuarios) es clave. Las mesas nos permiten escuchar, compartir problemas y trabajar soluciones. De ahí han salido ideas relevantes en materia de seguridad y formación, y también iniciativas como la Setmana Blava, que busca acercar el mar a los escolares. Es fundamental que los niños de un archipiélago crezcan vinculados al mar, y la iniciativa ha llegado para quedarse.