La reciente sentencia que permite al Real Club Náutico de Palma renovar su concesión por un periodo de 20 años es, ante todo, una gran noticia para la náutica. El RCNP es una institución histórica, ejemplar en su funcionamiento y en su compromiso con la comunidad. Su eventual desaparición hubiera supuesto una verdadera tragedia para el deporte náutico balear, no solo por el peso de su trayectoria, sino por la función social que ejerce día a día. Sería ingenuo no reconocer que la náutica deportiva en Baleares sería hoy un escenario más pobre y más débil sin la continuidad de este club.

En este contexto, la decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de renunciar a recurrir la resolución judicial constituye un acierto indiscutible. Su presidente lo anunció públicamente. Insistir en un recurso habría significado prolongar una incertidumbre que ya era excesiva y hubiese alimentado la sospecha de que detrás de esa insistencia existía la voluntad de apartar del mapa a una entidad con un respaldo social, político y, ahora también, judicial, difícilmente cuestionable. La renuncia al recurso aporta estabilidad y devuelve serenidad a un debate que llevaba demasiado tiempo encallado.

Sin embargo, conviene ser precisos: al club no lo ha salvado su impecable trayectoria deportiva, su proyección internacional ni su función social. La propia sentencia lo deja claro. Lo que ha decantado el caso ha sido una interpretación jurídica muy específica sobre un aspecto concreto que, de hecho, ni siquiera es extrapolable a otros clubes. Por tanto, sería un error pensar que esta resolución marca un antes y un después en la protección de los clubes náuticos. En absoluto.

El riesgo que afrontan estas entidades sigue exactamente en el mismo punto en que estaba un día antes de dictarse la sentencia. Se ha ganado una batalla, sí, pero no la guerra. Y, si nada cambia, dentro de dos décadas estaremos ante un escenario idéntico. La batalla determinante se está librando en Mahón, en un concurso cuyas bases han sido diseñadas para asegurar la continuidad de la práctica deportiva en una instalación de interés general del Estado.

Se trata de un procedimiento pionero, impulsado por la propia APB, y en el que los clubes han depositado grandes expectativas. Pero su verdadero alcance no podrá evaluarse hasta que se abran las plicas y se conozca quiénes son los licitadores que concurren y, sobre todo, cuáles resultan admitidos. Hace dos años, Joan Oliver, histórico gerente del Club de Vela de Andratx, ya advirtió que todos los clubes, tanto los que dependen del Estado como los autonómicos, acabarán tarde o temprano obligados a concurrir a concurso. La cuestión de fondo no es si deberán hacerlo, sino en qué condiciones se les exigirá competir.

Este es el debate real. Más allá de cómo se configure finalmente la futura Ley de Puertos de Baleares y de los criterios que pueda establecer en materia de prórrogas —recordando que dicha ley no será aplicable en los puertos de interés general del Estado—, el reto inmediato para los clubes y para las decenas de miles de socios que suman en el archipiélago es conseguir que la planificación portuaria reserve espacios dedicados al deporte. Y, de forma inseparable, que la actividad deportiva pueda financiarse mediante la gestión de amarres, tal y como ha ocurrido desde los orígenes de la náutica recreativa, sin necesidad de recurrir a subvenciones directas.