El Comité Ejecutivo de la Asociación Patronal de Actividades Náuticas de las Islas Baleares (APANIB) mantuvo este viernes una reunión con el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, para abordar “la situación de incertidumbre que atraviesan las empresas de alquiler de barcos en Baleares tras la entrada en vigor del decreto de chárter náutico el pasado mes de agosto de 2025”. En el encuentro participaron también el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de Ports IB, Kiko Villalonga, según ha informado APANIB en un comunicado.
La asociación califica la reunión de “constructiva” y asegura que representa "un punto de partida necesario para el diálogo". Su presidente, Álvaro Aguirre, trasladó las dificultades que afrontan muchas empresas del sector para cumplir con los nuevos requisitos normativos, “especialmente en lo relativo al acceso a rampas, amarres y puntos de embarque y desembarque de gestión pública, una situación que, en la práctica, impide la operativa de una parte significativa del chárter náutico”. Actualmente, APANIB representa a más de 130 empresas afectadas por las últimas modificaciones legislativas.
PUNTOS DE EMBARQUE
Uno de los principales asuntos tratados fue la situación de aquellas empresas que no disponen de amarres, boyas o puntos de embarque. En este sentido, desde la Conselleria se trasladó la voluntad de abordar esta problemática en el marco de la futura Ley de Puertos de Baleares, actualmente en tramitación. Según la nota de APANIB, “el nuevo texto legal podría contemplar la obligación de que puertos, marinas y clubes náuticos faciliten puntos de embarque y desembarque, permitiendo así la continuidad de la actividad de las empresas de chárter”.
En relación con la venta de plazas (ticket) en embarcaciones de recreo, el vicepresidente de APANIB y fundador de Sailwiz, Álvaro García de Polavieja, expuso "la situación de inseguridad jurídica en la que quedan numerosas empresas tras la prohibición de esta modalidad. Recordó que estas empresas desarrollan actividades recreativas, formativas, regatas y otras distintas del transporte marítimo".
Aunque existen diferencias entre la administración y APANIB en la interpretación de la normativa estatal, “desde la Conselleria se manifestó la disposición a estudiar posibles fórmulas legales que permitan dar cabida a aquellas actividades que se han venido realizando tradicionalmente mediante la venta de plazas y que no constituyen un servicio de transporte marítimo”, señala la nota.
APANIB subrayó la urgencia de avanzar en soluciones, teniendo en cuenta la proximidad del inicio de la temporada y la inseguridad jurídica generada por la redacción actual del decreto, que cuenta ya con cuatro recursos contencioso-administrativos. La patronal considera necesario el diálogo y el trabajo conjunto “para evitar cierres empresariales y posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial”.
