El presidente de la Asociación de Navegantes ADN, Lorenzo Pons, aclara que la entidad “no está en contra de los campos de boyas, sino de estos campos de boyas”, y explica que el rechazo se debe, entre otros motivos, a que no se reservan zonas para el fondeo en arena, no se garantiza la seguridad con vientos superiores a diez nudos, se obliga a reservar con antelación, no se permite el abarloamiento entre embarcaciones y no se contempla el pago in situ en los campos de boyas.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha paralizado de forma cautelar el procedimiento de licitación pública de Ports de les Illes Balears (Ports IB) para la gestión de los campos de fondeo regulado en zonas de la Red Natura 2000.

Pons señala además que “el tribunal está estudiando el recurso que hemos presentado y ha paralizado cautelarmente la licitación, lo que te hace pensar que ven que tenemos algo de razón”. El representante de los navegantes asegura que el recurso responde al cansancio del sector ante la mala gestión de estos campos de boyas, denunciando “precios abusivos, el trato como si fuéramos delincuentes y la prohibición de fondear en arena en cualquier punto”, afirma.

Según explica, los navegantes prefieren alcanzar acuerdos con la Conselleria del Mar. “Por eso estamos en la Mesa Náutica y hemos hecho propuestas constructivas”, remarca, aunque reconoce que “nos hemos encontrado con un muro y, al final, no nos ha quedado más remedio que buscar la paralización de esta licitación”.

El decreto de protección de la posidonia establece que los campos de boyas deben ser un servicio público y estar gestionados por una entidad pública, un requisito que, según Pons, se incumple con el propio concurso. Al margen de esta cuestión de fondo, el presidente de ADN sostiene que la licitación contiene errores administrativos, está mal planteada y que no ha sido difícil recurrirla.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha admitido la reclamación, se encarga de supervisar contratos públicos y no suele entrar en cuestiones de fondo, asuntos que los navegantes no descartan recurrir más adelante.

Pons detalla que, al dividir el concurso en lotes, estos no se han separado por tipo de contratación. En un mismo lote se incluyen trabajos de construcción —como la reforma de campos existentes, como el de Formentor, y la implantación de dos nuevos en Ibiza— junto con las tareas de gestión de las boyas.

Este planteamiento, señala, limita la competencia. Además, el último lote, destinado a labores de vigilancia, se ha licitado para el conjunto de Baleares, en lugar de dividirlo por islas, lo que reduce considerablemente el número de empresas que pueden optar al contrato.

Otra de las cuestiones técnicas en las que se basa el recurso es la utilización de los códigos CPV, la nomenclatura que identifica las licitaciones públicas y permite a las empresas estar informadas de los concursos. En este caso, un contrato administrativo de obra y servicios por valor de seis millones de euros para el mantenimiento de campos de boyas y servicios de buceo se ha licitado con códigos CPV correspondientes a estudios biológicos.

“Quiero pensar que nos dará la razón y obligará a repetir la licitación, lo que previsiblemente supondrá un retraso. La administración puede insistir y sacar un nuevo concurso, pero habrá que ver si hay tiempo para que esté operativo esta temporada”, concluye Pons.