El PSIB-PSOE ha registrado hoy en el Parlament una proposición de ley para delimitar geográficamente los límites del Mar Balear, que se extendería a un área global de 72.552 kilómetros cuadrados con tiene como objetivo principal establecer un marco jurídico para proteger, gestionar y garantizar el uso sostenible del espacio marino que rodea las Islas Baleares, considerado un área de alto valor ecológico, económico y cultural.

La diputada Pilar Carbonero y el diputado Marc Pons, del Grupo Socialista, han dado a conocer esta iniciativa legislativa que se ha elaborado a partir del trabajo consensuado con la comunidad científica y con cofradías de pescadores. Una parte importante del texto es definir el marco geográfico del Mar Balear para establecer posteriormente las medidas de protección y uso.

La ley propone definir oficialmente la “Mar Balear” como un espacio biogeográfico coherente de más de 72.552 kilómetros cuadrados dentro de los límites jurisdiccionales españoles, con el fin de facilitar una gestión integrada basada en criterios científicos.

El texto pone el acento en la biodiversidad y la riqueza ecológica, que requieren nuevas figuras de protección para evitar su degradación. Por ello, se plantea la creación de las Aguas Marinas Protegidas, con el objetivo de preservar la actividad pesquera y regular las actividades humanas que puedan dañar los ecosistemas marinos.

Entre sus medidas principales destaca la creación del Consejo de Coordinación para la Investigación y la Conservación de la Mar Balear, formado por administraciones públicas, comunidad científica, sector pesquero, actores económicos y organizaciones ambientales. Este órgano se encargará de coordinar proyectos de investigación, proponer medidas de protección, asesorar a las administraciones y elaborar informes periódicos.

La norma apuesta por un modelo de cogestión que integre el conocimiento científico y el saber del sector pesquero, al que reconoce como aliado clave en la conservación del medio marino. También promueve la participación pública, la cooperación interinstitucional y el desarrollo de herramientas tecnológicas para el seguimiento ambiental.

Además, prevé la creación de un Fondo para la Protección y la Investigación de la Mar Balear, financiado por administraciones públicas, fondos europeos, el impuesto de turismo sostenible y posibles colaboraciones público-privadas. Este fondo servirá para financiar proyectos científicos, restaurar hábitats, reforzar la vigilancia y apoyar la adaptación del sector pesquero.

En un plazo máximo de cinco años, la ley plantea delimitar áreas marinas protegidas que cubran al menos el 30% de la superficie, con un 10% de protección estricta, siempre basándose en evidencia científica y tras consultar a los sectores afectados.

Marc Pons ha valorado este proyecto de ley como un elemento muy importante, ya que actualmente no existe ninguna definición del Mar Balear, lo que dificulta establecer singularidades para este territorio. Dotarlo de cuerpo jurídico permitirá fijar normas específicas de preservación y ordenación, del mismo modo que se hace con la parte terrestre de las islas.

Pilar Carbonero ha señalado que para la redacción de esta proposición de ley se han seguido criterios eminentemente científicos, en especial utilizando la delimitación que estableció hace unos años el biólogo y ecólogo vinculado al CSIC Enrique Ballesteros. También ha destacado que la cogestión es una de las singularidades que definen el proyecto de ley, ya que permitirá determinar con claridad los niveles de protección que deben tener las aguas de Baleares.