Huelga decir en este foro de gentes de la mar que la pesca de recreo no es una moda reciente. En Baleares forma parte de una cultura marítima profundamente arraigada, transmitida de generación en generación, vinculada al conocimiento del mar, a la convivencia y a una manera de entender el tiempo libre que nada tiene que ver con la explotación intensiva de los recursos. Sin embargo, hoy esa actividad se encuentra seriamente amenazada por una catarata normativa diseñada desde despachos muy alejados de la realidad del litoral.

La obligación de declarar todas las capturas mediante una aplicación móvil es solo el último ejemplo. Una normativa que se presenta envuelta en la cada vez más vacua bandera de la sostenibilidad, pero que, analizada con un mínimo de detalle, revela improvisación, desconocimiento y una burocracia desproporcionada. Cuando se exige declarar desde grandes especies hasta peces menores sin valor alguno, cuando se pretende que un pescador gestione formularios digitales desde una pequeña embarcación, resulta pertinente preguntarse si quienes han creado estas normas han pisado alguna vez un barco de recreo.

No se trata de rechazar la regulación. Regular es necesario. Siempre lo ha sido. Pero regular exige conocimiento, diálogo y sentido común. Sin embargo, lo que se percibe y lo que nos trasladan cada vez más aficionados es que muchas decisiones se toman sin medir sus consecuencias.  La cuestión es si estamos ante una simple suma de decisiones ineptas o hay algo más que no alcanzamos a ver. Cualquiera de las dos opciones sería muy grave. Porque cuesta entender cómo se insiste una y otra vez en medidas absurdas que generan rechazo, confusión y sensación de acoso.  

La preocupación se acentúa cuando observamos con una mezcla de prevención y estupor otras iniciativas destinadas a intensificar el control sobre la flota de recreo: vigilancia mediante drones, campos de boyas por doquier y una supervisión constante que está transformando el mar en un espacio monitorizado hasta extremos intolerables. Una cosa es garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley; otra muy distinta es acabar de un plumazo con el mar como espacio de libertad.

Al hartazgo de los pescadores de recreo, cansados de ser criminalizados, se suma la reciente paralización cautelar de los pliegos de los campos de boyas de Baleares a instancias de ADN Mediterráneo, una asociación que debe recuperar el protagonismo que tuvo hace unos años. Tiene razón al exigir la libertad de largar el ancla sobre arena y que los polígonos de fondeo ofrezcan un servicio de calidad y adaptado a cuestiones tan básicas como poder pagar in situ sin la necesidad de una reserva previa. Me ha alegrado mucho el regreso de ADN a la actualidad náutica.

El mar, en definitiva, no puede gestionarse únicamente desde formularios y sistemas de control. La digitalización no era esto. Si se sigue avanzando por este camino, el riesgo no es solo normativo: es cultural. Porque antes de vaciar el mar de peces, corremos el peligro de vaciarlo de las personas que lo aman y disfrutan, que son, además, sus principales garantes; no los burócratas que lo contaminan con sus leyes liberticidas.