El Parlament de les Illes Balears aprobó ayer varias iniciativas dirigidas a reforzar el acceso de los residentes al mar y a introducir cambios en la gestión de los amarres en los puertos de titularidad autonómica, en el marco de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-MÉS per Menorca.

Uno de los puntos más relevantes que salió adelante reconoce expresamente el derecho de los residentes a poder acceder al mar como un principio que debe guiar las políticas públicas. La Cámara autonómica subrayó la importancia social y cultural de las actividades marítimas en la configuración de la idiosincrasia de las islas y reivindicó que este derecho sea tenido en cuenta por las distintas administraciones. Este punto fue aprobado por unanimidad.

También obtuvo el respaldo unánime la propuesta para que Ports IB incluya en las bases de licitación de las concesiones criterios que prioricen a entidades de base asociativa y con trayectoria consolidada en actividades sociales, deportivas y educativas. El objetivo es que el otorgamiento de concesiones sirva como instrumento de apoyo al papel social que desempeñan los clubes náuticos en Baleares.

En la misma línea, se aprobaron por unanimidad medidas para mejorar la información económica en la página web de Ports IB, hacer públicas las listas de espera para amarres y establecer mecanismos objetivos que eviten la infrautilización de amarres. Asimismo, se dio luz verde a la elaboración de un estudio técnico y económico sobre la demanda real de amarres por eslora en los puertos de gestión autonómica, con el fin de adaptar la planificación portuaria a las necesidades mayoritarias y garantizar el equilibrio financiero de las instalaciones.

La Cámara también respaldó, con 51 votos a favor y dos abstenciones, que en las concesiones se establezca un procedimiento reglado para la asignación de amarres, de forma que no queden al libre arbitrio del concesionario, sino que se adjudiquen a quienes mejor cumplan los requisitos establecidos.

En cambio, fueron rechazadas otras propuestas que planteaban un cambio en el modelo de gestión. No prosperó la iniciativa para priorizar la gestión directa de los amarres frente a la concesión a operadores privados, ni la que proponía fijar un precio máximo anual de 1.200 euros para embarcaciones de siete metros, con reducción proporcional para esloras inferiores, tanto en gestión directa como en concesión.

Tampoco salió adelante la modificación de los criterios de las listas de espera para que el empadronamiento en cada isla y el domicilio fiscal en Baleares primaran sobre la antigüedad, ni la propuesta de no licitar la concesión de los amarres del puerto deportivo de Cala en Bosch y asumir su gestión directa.

Finalmente, fueron rechazadas las iniciativas relativas a la inscripción urgente del pleno dominio de la concesión del puerto deportivo de Cala en Bosch por parte del Govern y la que instaba a amparar a los usuarios frente a posibles abusos de concesionarios.