Un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) solicitado por el juzgado de instrucción 12 de Palma refrenda que los vertidos de aguas residuales sin depurar o con una depuración deficiente están contaminando la bahía de Palma y afectan de forma grave a las praderas de posidonia.
El juzgado investiga la presunta contaminación por los vertidos de aguas de la empresa pública municipal Emaya y las posibles responsabilidades penales de sus responsables. Para apoyar su investigación requirió al IEO que analizara en qué medida han afectado los vertidos de aguas sucias a la posidonia oceánica.
El resultado es contundente, pues el informe señala que "existe evidencia más que suficiente como para afirmar que los vertidos de aguas residuales de los emisarios que vierten en la bahía de Palma están implicados en el profundo deterioro mostrado por el hábitat en la zona de estudio".
Los científicos del IEO reclaman, además medidas urgentes para frenar la degradación de la posidonia en la bahía de Palma, afectada en mayor o menor grado en toda el área desde cala Portals Vells a Cap Blanc y dañada de forma grave en el entorno de los aliviaderos de aguas urbanas.
Este es el tercer estudio que confirma el problema medioambiental que supone los vertidos de agua mal depurada o directamente de aguas residuales en la Bahía de Palma. El primero, publicado en primicia por Gaceta Náutica, lo realizó el Seprona que detectó daños “de gran magnitud a la posidonia”.
La comparativa de las cartografías oficiales disponibles entre 1989 y 2012 apunta a una reducción de 205 hectáreas de posidonia en la Bahía de Palma, lo que equivale a la desaparición de un 20% de esta planta protegida por el efecto de los vertidos de aguas residuales.
El Grupo Especial de Actividades Subactuáticas (GEAS) de la Guardia Civil comprobó, tras realizar un centenar de inmersiones, que en la zona del emisario del Torrent Gros sólo quedan «matas muertas» de posidonia, y que a partir de 18 metros las praderas de esta fenerógrama se encuentran en muy mal estado.
El segundo informe, incorporado también a la causa, fue realizado por expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que en las muestras de agua recogidas encontraron restos de metales pesados que se deben a la acción humana y que serían consecuencia de los vertidos de aguas fecales que lleva realizando durante años la depuradora municipal.
El documento de IGME revela que hay concentraciones extremadamente elevadas de sustancias como el cobre, zinc, plomo y mercurio. Los expertos de este ente estatal recomiendan el cese de los vertidos y el tratamiento de las zonas más contaminadas para eliminar sustancias nocivas.
CONSELLERIA NEGACIONISTA
Estos tres informes desmienten por completo la tesis del Govern sobre que no existen evidencias científicas de que las depuradoras afecten a la vida de la posidonia. Esta “teoría negacionista” de la Conselleria de Medio Ambiente aparece recogida en un informe de 34 páginas fechado el 7 de octubre de 2019.
El informe de Medio Ambiente hace una lectura autocomplaciente y nada negativa de la situación de las plantas depuradoras, que califica de bueno “con carácter general”.
La Conselleria admite haber iniciado 33 expedientes por vertidos de aguas mal depuradas entre 2014 y 2019 pero ninguna de estas actuaciones terminó con sanción. Los pretextos para no multar a las depuradoras, todas ellas públicas, fueron variopintos. Van desde considerar que se trata de “situaciones puntuales” o “no intencionadas” hasta “no poder aclarar su procedencia”.
