La Fiscalía de Baleares acaba de confirmar lo que Gaceta Náutica viene denunciando desde 2016: los vertidos de aguas residuales están destruyendo el ecosistema de la Bahía de Palma. Durante este tiempo, este periódico ha sido acusado de actuar por intereses políticos, de “envenenar” a la opinión pública e incluso de poner en entredicho la indiscutible necesidad de proteger la posidonia. Para el recuerdo queda la comparecencia del diputado Josep Ferrà (Més per Mallorca) sosteniendo esta teoría de la conspiración en la Comisión de Medio Ambiente para proteger a los cargos de su partido imputados en la causa judicial.

Los hechos, sin embargo, son tozudos y las pruebas recabadas por la Guardia Civil, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), recogidas por  la Fiscalía de Medio Ambiente, demuestran sin atisbo de duda que los emisarios submarinos que expulsan al mar las aguas residuales de las depuradoras llevan décadas contaminando la costa palmesana y destruyendo grandes extensiones de posidonia oceánica.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía, publicadas por la Agencia EFE, son demoledoras en cuanto a que las administraciones han ignorado este problema y son responsables de los daños seguramente irreparables que el descontrol de los vertidos  ha causado en el medio ambiente, algo en lo que Gaceta Náutica viene incidiendo desde el primer día.

Esta publicación aportó en su momento a la Guardia Civil las pruebas e indicios que dieron pie a la investigación judicial. La comparecencia del periodista José Luis Miró ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), no revelada en su día para no entorpecer las pesquisas, fue clave para que la Benemérita elaborara un primer informe. A este siguieron los estudios y dictámenes del IGME y el IEO en los que la Fiscalía basa su tesis.

CONCLUSIONES DE LA FISCALÍA

El Govern balear es el responsable de la “gravísima” contaminación de la bahía de Palma debido a décadas de expulsión de aguas no depuradas. Así lo asevera la Fiscalía de Medio Ambiente en el marco de la investigación judicial por el caso Emaya, informa EFE.

El Ministerio Público considera responsable al Govern de la contaminación de la bahía de Palma por el vertido de aguas residuales, ya que, pese a conocer la “gravísima situación”, no realizó las inversiones necesarias y permitió las descargas contaminantes sin autorización “durante décadas”.

En su informe al Juzgado de Instrucción 12 de Palma, que investiga posibles responsabilidades penales por el deterioro de la calidad del agua, los sustratos y el ecosistema de la bahía, la Fiscalía resalta que la Dirección General de Recursos Hídricos “incumplió la normativa” del canon de saneamiento, que obliga a destinar a la red de depuración todo lo recaudado.

El 48 por ciento de lo recaudado por el canon finalista de 2001 a 2015 se destinó a fines ajenos a los establecidos en la norma, sostiene la Fiscalía a partir de datos de Emaya aportados por Gaceta Náutica a la Guardia Civil.

Según una reclamación de inversiones que planteó Emaya al Govern, la cuantía del canon que fue a fines ajenos fueron 101 millones que podrían haber servido para “reducir la enorme carga contaminante que ha venido recibiendo la bahía de Palma durante las últimas décadas”, señala la fiscalía.

SIN AUTORIZACIÓN

Apunta además que el Servicio de Costas y Litoral de la Comunidad, “habría permitido que durante décadas se lleve a cabo un vertido de aguas residuales sin autorización”, por tanto “contrario a la ley”, y por encima de los "valores límite de emisión" de elementos contaminantes.

En un análisis basado en los datos aportados por Emaya y las observaciones y mediciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la Fiscalía recuerda que la bahía de Palma está declarada “zona sensible” por normativa autonómica, por lo que las aguas residuales que se vierten en ella deben tener un tratamiento “adicional al secundario” que limite los elementos contaminantes según índices preestablecidos.

DEPURADORAS

Palma tiene una depuradora con tratamiento terciario (EDAR 1) y otra con tratamiento adicional al secundario (EDAR 2), aunque su capacidad es muy insuficiente y resulta superada en “prácticamente cualquier episodio de lluvia”, ocasiones en las que aguas residuales sin tratar y pluviales se vierten sin control, indica la Fiscalía, según EFE.

En el mejor de los casos, la mitad de las aguas que pasan por la EDAR 2 se someten al tratamiento más completo. Las que reciben tratamiento secundario superan frecuentemente los valores legales de materia orgánica y sólidos y multiplican por 500 los límites de bacterias fecales establecidos para zonas sensibles, recoge el informe.

Incluso las aguas residuales que con tratamiento adicional al secundario de la EDAR II incumplen los límites microbiológicos de nitrógeno y fósforo, reseña la Fiscalía a partir de datos de la propia Emaya que corroboraron los análisis de las muestras tomadas por el Seprona.

Gaceta Náutica destapó el caso en 2016.

A las descargas "controladas" a través del emisario de la EDAR 2, que evacúa unos 700 metros mar adentro frente a la playa de Ciudad Jardín, hay que sumar el vertido de aguas residuales sin tratar por los aliviaderos subacuáticos y de superficie en los episodios de lluvias intensas, algo que ha ocurrido 78 veces de media cada año entre 2003 a 2018.

Además del impacto grave en la calidad de las aguas y los ecosistemas, que ha provocado la pérdida del 37,8 por ciento de las praderas de Posidonia oceanica, según un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO), las aguas residuales generan “un riesgo de daño sobre la salud de los bañistas”.

DUDAS SOBRE LOS ANÁLISIS

“En notables ocasiones, estos episodios ocurren en los meses de verano, coincidiendo con la temporada de baño”, alerta la Fiscalía, que expresa dudas sobre si los datos que se hacen públicos de los análisis de las aguas de las playas “reflejan la calidad y situación real”.

El Juzgado de Instrucción 12 cuenta con el informe de la unidad técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, el estudio sobre el deterioro de la posidonia del IEO y con análisis del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que prueba la acumulación de metales pesados en el lecho marino a causa de los vertidos.