El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha declarado nula la concesión de uno de los dos puertos deportivos de Formentera a la empresa Desarrollos Concesionales Insulares (DECOIN) y ha reconocido a Formentera Mar como legítima adjudicataria de las instalaciones.
La resolución judicial supone un varapalo descomunal para la antigua cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), presidida por Juan Gual, y para su consejo de administración, que primero autorizó otorgar el puerto a DECOIN y posteriormente rechazó el recurso de reposición interpuesto por Formentera Mar alegando lo que ahora asume el TSJB: que el proyecto ganador del concurso público para la gestión del puerto carecía del certificado de solvencia económica y que las bases del certamen incurrían en un “error de Derecho” palmario, al no exigir explícitamente la subrogación de los trabajadores del antiguo concesionario. Esto último impidió valorar correctamente la oferta presentada por DECOIN, que no contaba con tener que asumir los sueldos de los empleados de Formentera Mar en la sucesión de empresa de la concesión.
La sentencia liquida en apenas nueve folios los argumentos de la Autoridad Portuaria de Baleares, defendida por la Abogacía del Estado, y le recuerda que DECOIN no debió superar el trámite de la apertura de ofertas por no haber presentado en tiempo y forma el certificado de solvencia, y estar incompleto su estudio económico financiero en relación a los gastos derivados de la subrogación del personal.
Formentera Mar alegó en su demanda que DECOIN podía estar vinculada de algún modo a la otra concesionaria del puerto de La Savina, la empresa Marina Formentera, y que ello daría lugar a una situación de monopolio. El TSJB considera que esta afirmación no ha quedado probada, pero reconoce que la sospecha no es “hueca” si se acude a la memoria económica financiera de la propia DECOIN, donde se afirma textualmente que “se ha considerado una reducción en los costes de personal, ya que se tienen en cuenta la posibilidad de compartir recursos entre dos marinas adyacentes”.
La sentencia llega con bastante retraso. La elección de DECOIN como oferta más ventajosa para la gestión del puerto data de 17 de diciembre de 2018 y el rechazo al recurso de reposición de Formentera mar se produjo en la reunión del consejo de administración del 4 de marzo de 2019. La adjudicación era, en realidad, de una autorización de ocupación temporal por un periodo máximo de dos años que ya ha transcurrido. Eso significa que Formentera Mar ha sido reconocida judicialmente como legítima gestora de una concesión que no existe. Las instalaciones objeto de la demanda están actualmente bajo control de una tercera empresa, Puertos y Litorales Sostenibles, S.L., en virtud de un nuevo concurso que fue resuelto el pasado mes de diciembre. La dársena objeto del litigio consta de 12.500 metros cuadrados de superficie, una línea de atraque de 412 metros y un edificio. Formentera es uno de los puertos deportivos más demandados de España en temporada alta.
GUAL Y PLAZA QUISIERON DESPEDIR AL PERSONAL
Esta es la segunda vez que el Tribunal Superior de Justicia enmienda decisiones de la APB favorables a los intereses de DECOIN. La primera de ellas se produjo con la sentencia que reconocía el derecho de los trabajadores de Formentera Mar a ser subrogados por el ganador del concurso. La Sala de lo Social del TSJB declaró nulo el despido de los 12 empleados del puerto en julio de 2019 y condenó a DECOIN a incorporarlos a su plantilla y pagarles los salarios que habían dejado de cobrar desde el 31 de diciembre de 2018, cuando se hizo efectivo el traspaso de la concesión.
Antes de que esto ocurriera, en marzo de ese mismo año, la APB maniobró para que Formentera Mar se deshiciera de sus trabajadores antes de traspasar la concesión. El entonces director del ente portuario, Juan Carlos Plaza, instó por escrito a esta sociedad a que acreditara “el despido de toda su plantilla mediante la presentación de los contratos de liquidación”.
Los trabajadores emitieron un comunicado en el que acusaban al director de la APB, Juan Carlos Plaza, de actuar “contra la legislación laboral” y desplegaron varias pancartas en el puerto de La Savina censurando la indiferencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y del partido Gent x Formentera, que lidera la diputada Silvia Tur.
También señalaron al presidente de la APB, Juan Gual, al que responsabilizaron de mandarles al paro “como a sus empleados de Menú”, empresa de catering de la que había sido propietario antes de acceder a la presidencia de Puertos y que terminó presentando concurso de acreedores.
Juan Gual y Juan Carlos Plaza aparecen como imputados en el sumario del caso Puertos que instruye el Juzgado número de 3 de Palma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Este procedimiento consta de al menos cuatro piezas separadas, tres de las cuales se mantienen bajo secreto. La única que ha trascendido sugiere que ambos habrían participado en el amaño de un concurso en Mahón para favorecer a un grupo de empresarios locales.
