Un recurso de última hora de la empresa Trapsayates ha evitado que el Club Marítimo de Mahón (CMM) tome posesión hoy de los amarres situados en el Muelle de Levante de la capital menorquina. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha suspendido el acto a raíz de un escrito de Trapsayates oponiéndose a su desalojo.

El director de la APB,  Jorge Nasarre, ha informado al CMM de que no se hará efectiva la entrega de la concesión mientras la Abogacía del Estado no se pronuncie sobre el nuevo recurso.

“Una vez se haya tomado una decisión, se les volverá a llamar”, señala Nasarre al pie de un comunicado fechado ayer y que ha causado auténtica estupefacción en el Club Marítimo, ganador del concurso convocado para la gestión de 165  amarres de esloras comprendidas entre los 8 y los 15 metros.

Trapsayates debía entregar las llaves del puerto a las 10 de la mañana de hoy. Todos estaba preparado para el traspaso, pero, una vez más, la que fuera empresa de Gerardo Díaz Ferrán ha conseguido frenar su salida gracias a un escrito presentado hace cinco días. El CMM desconoce las razones alegadas por esta sociedad, ya que no se le ha dado traslado del documento

El Consejo de Administración de la APB acordó el pasado 29 de junio elegir al CMM como "solución suficientemente ventajosa" en el concurso público para la gestión de las instalaciones destinadas a pequeñas y medianas esloras en el Muelle de Levante del Puerto de Mahón, entre la Punta del Rellotge y Es Gasassus. Esta concesión representa sólo una parte del puerto original del Club Marítimo de Mahón, el cual fue a parar a manos de Trapsayates en una licitación de 2010 que la Justicia consideró amañada (sentencia del caso Mar Blau).

La histórica entidad náutica, la más representativa de los deportes del mar en Menorca, ha conseguido sobrevivir durante todo este tiempo gracias a que es propietaria del edificio social (ubicado fuera del dominio público portuario) y a la gestión de una explanada otorgada mediante ocupaciones temporales.

La concesión de la que hoy debía tomar posesión, cuya duración es de un año, suponía un balón de oxígeno para el CMM, cuyos dirigentes, aunque confiados en que la Abogacía del Estado avale el desalojo de Trapsayates, no ocultan su preocupación por el hecho de que la APB haya aplazado sine die la toma de posesión, mientras ya ha empezado a transcurrir el plazo de la concesión.