El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado "los pliegos y la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica para la elaboración del estudio de alternativas, los estudios ambientales y la redacción de los proyectos" de la depuradora de Can Picafort y del emisario submarino de Santa Margalida, en la Isla de Mallorca. El presupuesto del contrato asciende a 711.071 euros y el plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de 12 meses.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado oficial, la actuación, que fue declarada de interés general del Estado y cuya inversión está previsto que alcance los 19,5 millones de euros, “incluye la construcción de una red de colectores que transportarán los vertidos desde Can Picafort hasta una nueva EDAR, con tratamiento biológico de fangos activos y ubicada en la margen izquierda del Torrent de Son Real, o Son Bauló”, así como un nuevo emisario terrestre y submarino que conducirá el caudal depurado no reutilizado “hasta una zona desprovista de posidonia situada en la bahía de Alcudia, a unos 3,5 kilómetros de la playa de Son Bauló”.

El proyecto publicado en 2017 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla la desembocadura de la tubería en el entorno de una gran pradera de posidonia, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto elaborado por Gaceta Náutica mediante la superposición a escala del plano del emisario y la cartografía oficial del Govern balear (IDEIB).

El Ayuntamiento de Santa Margalida se opone frontalmente a la construcción de esta infraestructura, que considera innecesaria y perjudicial para el medio ambiente. La tubería submarina destinada a verter las aguas residuales no reutilizadas al mar atraviesa necesariamente un Lugar de Interés Comunitario de máxima protección. Pese a ello, la obra estará financiada en un 80% con fondos europeos Next Generation, destinados a la recuperación tras la pandemia y enfocados a los objetivos de sostenibilidad 2030.

La nueva depuradora, asegura el Ministerio de Transición Ecológica, “dispondrá de un tratamiento terciario que permitirá la reutilización de la totalidad del volumen de agua depurada”. Se previsto, asimismo, que la impulsión hasta una balsa para almacenamiento de este caudal permita regular su utilización en usos de “riego y baldeo”.

Teniendo en cuenta el escaso plazo que resta de vigencia del Dictamen de Impacto Ambiental publicado en el BOE del 7 de julio de 2017, y con una prórroga concedida hasta el 23 de junio de 2023, el Gobierno ha decidido “la elaboración de un nuevo estudio ambiental, que permita tramitar, de manera conjunta, la solución finalmente proyectada” en lo referido a colectores, estaciones de bombeo de aguas residuales, EDAR, balsa de regulación y emisario.

Todos los condicionantes que se puedan derivar de este nuevo DIA “serán considerados en los proyectos referidos con anterioridad a su aprobación”. Es decir, que el plan de 2017 podría verse finalmente modificado.

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