La representación legal de Juan Gual, el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) investigado en el caso Puertos, ha calificado de “kafkiana” la última prórroga del secreto de sumario acordada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, y ha asegurado que la concatenación durante más de tres años de esta medida que restringe el acceso de las partes a la investigación “no merece ningún amparo constitucional”, es procesalmente “opaca” y atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva.

El abogado Eduardo Valdivia, defensor de Gual, ha recurrido la prolongación del secreto de sumario ante la Audiencia Provincial de Palma. En su apelación insiste, como ya hiciera en anteriores ocasiones, en que el Juzgado está instruyendo una “causa general prospectiva”. También critica que los sucesivos autos de prórroga son “esecialmente idénticos”, lo que supone una “trivilización inadmisible de dicho mecanismo tan gravoso”. Y añade: “Se trata de una praxis de opacidad procesal kafkiana”.

Uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Juan Gual es la posición fijada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2019, donde desautoriza “todo proceso penal que, como consecuencia de la declaración judicial de secreto, se geste a espaldas del investigado y recorte así sus derechos y garantías en el proceso”.

La Audiencia Provincial de Palma, sin embargo, ha rechazado hasta la fecha todos los recursos de Juan Gual contra el secreto del sumario y ha ratificado los autos dictados por la juez Martina Mora. El caso Puertos se empezó a instruir en abril de 2020, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, y desde entonces las defensas sólo han podido acceder al contenido del sumario de dos piezas separadas (la 3 y la 4), referentes a los supuestos amaños de las concesiones de Marina Asmen (Menorca) y del Club Náutico de Ibiza. Únicamente el Juzgado, la Fiscalía y la unidad de la Guardia Civil asignada al caso tienen conocimiento del resto de la investigación.

La última prórroga data del pasado 7 de junio y en ella la juez Mora recalca la necesidad de mantener el sumario bajo secreto para evitar que las personas implicadas puedan destruir pruebas o entorpecer las pesquisas. Parte de este auto es muy parecido, sino idéntico, a los dictados con anterioridad. En él se insiste en la gran cantidad de documentación que está siendo procesada, en la escasez de medios humanos y en la falta de colaboración de una entidad internacional a la que le fue solicitada cierta información hace dos años y que, por lo visto, aún no ha contestado.   

El próximo 21 de julio se cumplirán tres años de la intervención de las distintas sedes de la Autoridad Portuaria de Baleares por parte de la Guardia Civil y de la detención de su cúpula directiva. Además de Juan Gual, fueron arrestados, aunque luego puestos en libertad sin medidas cautelares, el entonces director, Juan Carlos Plaza; el vicepresidente del consejo de administración, Miguel Puigserver, y los directivos Armando Parada y Fernando Berenguer. Todos ellos están fuera de la APB, bien porque fueron cesados o porque se jubilaron, a excepción de Parada, que sigue en activo.

Hasta la fecha han trascendido los informes policiales de los casos relativos a Menorca e Ibiza, así como algunas conversaciones telefónicas que supuestamente incriminan a los investigados. La juez instructora no ha abierto todavía juicio oral en ninguno de estos dos procedimiento y no se conoce la postura que adoptará la Fiscalía, representada por Juan Carrau, que ha estado ausente en buena parte de los interrogatorios judiciales a los principales implicados.

Las pesquisas policiales han hallado indicios de un intento de instrumentalización de la causa judicial por parte de una empresa que denunció el presunto arreglo del concurso del Club Náutico de Ibiza y que posteriormente se comprobó que había pedido una importante cantidad de dinero para retirar unos contenciosos. Se da la curiosa circunstancia de que la citada sociedad, a pesar de las sospechas de la Guardia Civil, ha sido aceptada como parte afectada y ejerce, de hecho, la acusación particular. Esto le dará pleno acceso a los archivos del sumario, una vez levantado el secreto, y a proceder contra los imputados si lo considera oportuno.