La polémica compra de un edificio de lujo con dinero procedente de las arcas de Ports IB se ha colado hoy en la sesión de investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern. El portavoz del Partido Popular, Sebastià Sagreras, ha asegurado en el transcurso de su intervención que el precio pagado por el Govern balear en funciones a la promotora privada Metrovacesa (293.000 euros por piso) hace “imposible destinar las viviendas a alquiler social”.
No está claro, sin embargo, que la adquisición del inmueble haya quedado cerrada, como da por hecho Sagreras, ante la negativa de los responsables de la empresa pública Ports IB a autorizar el traspaso de 16,7 millones (el 72% de su actual tesorería) al Instituto Balear de Vivienda (IBAVI) sin el aval expreso del Consejo de Administración.
El máximo órgano de decisión de los puertos autonómicos fue convocado a una reunión extraordinaria para dar luz verde a la transferencia, pero el Govern del Pacte decidió cancelar la cita ante la sospecha fundada de que podía perder la votación o no habría quorum suficiente para sacarla adelante. Una integrante del Ejecutivo trató de convencer en vano a un alto cargo de Ports IB para que asumiera la responsabilidad de firmar el desvío de dinero, prescindiendo del Consejo.
El edificio de Metrovacesa, que el Pacte ha querido incorporar al parque de vivienda pública de las Islas en sus últimos días de mandato, se halla ubicado en el Polígono Levante, consta de 88 pisos y tiene un precio para el erario de 25,8 millones de euros. El propio Govern en funciones ha reconocido que no está calificado como vivienda de protección oficial.
Las mayores críticas a esta compra no han procedido de la oposición o del Govern entrante, sino de la plantilla de trabajadores de Ports IB, que habla sin ambages de “esquilmado” de los recursos de puertos para sufragar algo que nada tiene que ver con sus competencias o funciones. En las dos últimas legislaturas, el Pacte ha sacado 31 millones de euros de la “hucha” de las instalaciones náuticas de competencia autonómica; 21 de ellos han ido al IBAVI (incluyendo los últimos 16,7 para el edificio de Metrovacesa) y otros 10, a tapar un agujero en las cuentas de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
La Ley de Puertos de Baleares señala en su artículo 37, apartado 2, que “los recursos tributarios recaudados por Puertos de las Islas Baleares se han de afectar al cumplimiento de su finalidad institucional”. De acuerdo con esta norma, no cabe la posibilidad de transferir dinero a otros departamentos o empresas públicas.
La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) también ha mostrado su "rechazo" y ha señalado que, de culminarse, la compra del inmueble "supondría la descapitalización de la empresa pública que gestiona los puertos autonómicos y comprometería las inversiones previstas en la mejora de las instalaciones náuticas de gestión directas sufragadas con el dinero de los concesionarios".
