⚓ Me cuentan que el jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, José Antonio Morillo Velarde, defendió en su declaración como testigo ante la juez del caso Puertos que el «arraigo» es una condición perfectamente legal para incluir en las bases de los concursos públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares no lo vio así en su momento. Toda la acusación sobre el presunto trato de favor al Club Náutico de Ibiza pivota sobre esta cuestión. Bien mirado, ¿por qué no puede un territorio defender su patrimonio frente a empresas que no aportan absolutamente nada a la sociedad? Tenía mis dudas, pero, desde que me he enterado de la postura de Morillo, un jurista de incuestionable prestigio, lo tengo claro: la reivindicación del arraigo, la experiencia y la tradición no sólo es legítima; es necesaria para conservar nuestra cultura marítima. 
 
⚓ El vergonzoso trato que el Gobierno de izquierdas ha dispensado a la náutica de recreo durante las dos últimas legislaturas se ha visto coronado con el frustrado desvío de casi 17 millones de la caja de Ports IB para pagar el capricho electoral del tándem Armengol-Garrido. La decisión de comprar un edificio de lujo a Metrovacesa es escandalosa por varios motivos, pero el principal es que de ella se derivaba una descapitalización del 72% de la tesorería de la empresa pública que gestiona los puertos autonómicos. La cual, como es lógico, no perdona una sola tasa a los sufridos usuarios de la náutica de recreo balear. 

⚓ «Muy fuerte y muy feo». Con estas palabras calificó un alto funcionario de Ports IB la pretendida transferencia de capital a favor del IBAVI. Los trabajadores de la casa, cuyos sueldos son lamentables en muchos casos, también andaban cabreados. Y no es para menos: llevan años reclamando equipararse al resto de la función pública balear sin éxito y ahora se enteran de que la empresa para la que trabajan se dedica a regalar dinero en cantidades millonarias.