Técnicos y funcionarios de Ports IB consiguieron frustrar el desvío de casi 17 millones de euros de esta empresa pública al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) para la compra de un edificio de lujo a la inmobiliaria Metrovacesa. El inmueble en cuestión está ubicado en el Polígono de Levante (Palma) y consta de 88 viviendas no calificadas como sociales. A pesar de que este hecho era conocido desde el primer momento, la operación se vendió en medios afines al Pacte como una respuesta a la “emergencia residencial”. Cada vivienda hubiese tenido un coste de 293.000 euros para las arcas públicas, 181.000 de ellos procedentes de los impuestos, tasas y cánones de la náutica balear.
El Govern en funciones de Francina Armengol intentó hasta el último momento que los responsables ejecutivos de Ports IB autorizaran la salida del dinero de sus cuentas. Los técnicos, sin embargo, se mantuvieron firmes en su postura y se negaron a tramitar la transferencia de capital alegando que era necesario el permiso expreso del Consejo de Administración, según ha podido confirmar Gaceta Náutica de diversas fuentes. La mayor oposición provino de los servicios económicos y jurídicos.
Varios políticos de alto rango del Pacte trataron de vencer la resistencia de los técnicos mediante insistentes llamadas telefónicas en las que les aseguraban que no hacía falta pasar por el consejo y era suficiente con el visto bueno de la Conselleria de Hisenda. Todo esto ocurría mientras el Govern se encontraba en funciones y el PP cerraba las negociaciones con VOX para conseguir la investidura de Marga Prohens como presidenta de Baleares.
Algunos de los cargos de Ports IB que se negaron al traspaso de los fondos al IBAVI son de la órbita socialista, pero consideran que la operación era impropia de un Gobierno en funciones y que, desde luego, no podía llevarse a cabo sin valorar su impacto en las cuentas de los puertos autonómicos. El desvío iba a suponer una pérdida de aproximadamente el 70% de la tesorería de Ports IB.
El Pacte ordenó desconvocar una reunión extraordinaria del órgano de decisión de Ports IB -en el que están representadas, además de las instituciones públicas, varias asociaciones náuticas y portuarias- donde se iba a debatir la transferencia. El miedo a que la votación se torciera o no se registrara el quorum necesario para sacarla adelante llevó al Govern saliente a buscar otras alternativas.
La compra del edificio no sólo fue cuestionada desde Ports IB. Según informó COPE Mallorca, la promotora Metrovacesa se niega de plano a vender las viviendas al Govern y ha anunciado la interposición de un recurso contra el derecho de tanteo ejercido por el IBAVI. Su intención es, al parecer, colocar las viviendas a otra empresa privada que está dispuesta a pagar más de lo que ofrecía el Ejecutivo de Armengol.
