La confirmación oficial de que los 17 millones del caso IBAVI se quedarán en la cuenta corriente de Ports IB ha sido acogida con “alivio” y “satisfacción” en el seno de la empresa pública que gestiona los puertos autonómicos de Baleares. “Estamos tranquilos, el dinero está en la caja”, ha asegurado un alto cargo de la Dirección General de Puertos después de que el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, revelara ayer que la operación orquestada por el Pacte para detraer fondos de la náutica ha sido definitivamente abortada.
La transferencia de esta cantidad fue ordenada por la ex consellera de Hacienda del Pacte, Rosario Sánchez, pero el dinero nunca llegó a salir de la cuenta corriente de la empresa pública portuaria, ya que los técnicos de Ports IB se negaron a autorizar el traspaso del dinero de su cuenta a la del IBAVI sin la autorización previa del consejo de administración del citado organismo.
El Ejecutivo en funciones de Francina Armengol, candidata del PSIB al Congreso en las elecciones del próximo 23-J, pretendía adquirir un edificio de lujo sin estrenar a la promotora Metrovacesa por un importe de 25,8 millones de euros y utilizar para ello 16,7 millones de la tesorería de Ports IB. El inmueble no reúne los requisitos para ser calificado de protección oficial. El IBAVI había previsto gastarse más de 400.000 en convertir la piscina comunitaria central en un aljibe.
“Las cuestiones políticas y todas las noticias que están saliendo en la prensa estos últimos días de campaña electoral son secundarias para nosotros. Lo importante es que el dinero no se mueve y no se ha producido la descapitalización que temíamos”, ha añadido la fuente consultada por Gaceta Náutica.
La consellera de Vivienda, Marta Vidal, y el vicepresidente Costa anunciaron ayer, en una rueda de prensa monográfica, que el expediente para la adquisición del edificio de Metrovacesa ha sido paralizado y puesto en conocimiento de la Fiscalía de Baleares, por si considera que existen “indicios de delito” en la actuación del anterior Govern, y que las cuentas del IBAVI serán auditadas.
Marta Vidal consideró que la operación es “nula de pleno derecho” por carecer de los preceptivos informes jurídicos y de la memoria justificativa, además de suponer “una vulneración del uso de los recursos públicos”, dado que la premura en cerrar la compraventa hubiera supuesto el pago del IVA al 21% en lugar de al 10%, y un sobrecoste global de unos diez millones de euros.
