El curso 2023-24 ha comenzado este mes de septiembre sin que la Escuela Nauticopesquera de Palma tenga garantizada la homologación de los títulos de formación profesional que oferta para las materias de Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones, Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura, y Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones. Tres de los siete profesores que han obtenido plaza de funcionarios para impartir las citadas asignaturas no reúnen los requisitos exigidos por la Dirección General de la Marina Mercante. Uno de ellos, licenciado en Químicas, acudió a tomar posesión de su plaza acompañado de un notario, y con una actitud que causó estupor entre el resto de docentes. Los otros dos tienen estudios de piano y de psicología. Ninguno de ellos está dispuesto a renunciar a pesar de que desconocen por completo la materia que deben impartir.

El conseller de Educación de Baleares, Antonio Vera, se comprometió a buscar una solución «urgente» al problema generado por el proceso de estabilización de docentes interinos heredado del anterior gobierno autonómico, el cual se llevó a cabo mediante un concurso que, en el caso de la formación náutica, no tuvo en cuenta la normativa internacional. Más allá de las buenas intenciones del nuevo Govern, la realidad es que no existe la posibilidad legal de impedir que los profesores intrusos accedan a su plaza, obtenida en una convocatoria pública homologada en su momento por las autoridades competentes. Fuentes de la Conselleria de Educación admiten en privado que el roto que les ha dejado el Pacte con este asunto tiene mal arreglo.
 

Los principales perjudicados serán los alumnos; no sólo por la merma que pueda sufrir la formación, sino porque, según han advertido reiteradamente la Dirección General de la Marina Mercante, las titulaciones que expida la Nauticopesquera dejarán de ser «hábiles» el próximo curso y los estudiantes se verán privados de desarrollar su profesión «a bordo de buques y embarcaciones de la flota mundial». 

La responsabilidad de la chapuza recae enteramente en anterior equipo de la Conselleria de Educación, liderada por el socialista Martí March, hoy alcalde de Pollença, que defendió la rectitud y la legalidad del proceso de estabilización e hizo oídos sordos a todos los avisos. Un grupo de profesores de la Nauticapesquera afectado por la el reparto de las plazas presentó un escrito ante la Fiscalía de Baleares, al considerar que la conducta de una serie de altos cargos de Educación podía ser constitutiva de un delito de prevaricación. La denuncia no ha tenido, de momento, respuesta por parte del Ministerio Público, a pesar de que en ella se aportaban documentos acreditativos de la legislación aplicable en materia de titulaciones náuticas y de las advertencias realizadas por la Marina Mercante. 

En otras comunidades autónomas, como Asturias, se evitó que las plazas de náutica y de otras formaciones profesionales fueran un coladero de docentes inexpertos a través de una cláusula en la que se exigía «poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la especialidad a la que se opta». Una frase de la que no se encuentra rastro, ni literal ni parecido, en el concurso convocado en Baleares por el Pacte.