Los pescadores recreativos de Ibiza y Formentera están hartos de que se les demonice y exigen al Govern un “mayor respeto y atención prioritaria” a este colectivo que aglutina a más de 50.000 ciudadanos en Baleares, así como la inmediata adopción de medidas que terminen con la discriminación que padecen frente al sector profesional.

Los recreativos consideran que las reservas marinas denominadas de “de Interés Pesquero”, que han aumentado considerablemente en las últimas dos legislaturas y en las que solo pueden faenar los profesionales, son “una política de falsa protección del medio marino” y suponen arrinconar buena parte de las modalidades de pesca recreativa.

En este sentido, la plataforma señala que los pescadores deportivos tienen vetado el acceso al 57% de la costa Pitiusa y al 87% de la costa de Formentera, mientras que en el en el 97% de esas “reservas” puede seguir pescando la pesca profesional y recuerda que las reservas integrales son la única protección eficaz de hábitats y especies recomendada por los científicos.

Los pescadores recreativos apuntan que las Pitiusas sufren una “desproporcionada limitación en el acceso a una pesca de autoconsumo (5 kilos por licencia y día) respecto al compromiso con Europa y en condiciones de clara discriminación respecto al resto de Baleares”.

Para defender los intereses de este sector, se ha constituido la Plataforma de pesca recreativa en las Pitiusas, una entidad que ha iniciado una recogida de firmas para exigir al Govern y a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio natural una serie de medidas como la autorización de “todas las modalidades de pesca recreativa regulada en los espacios de reserva marina en los que puede faenar la flota profesional de artes menores”.

Los recreativos piden promover espacios marinos realmente protegidos según el criterio científico, “integrando zonas no costeras de especial valor medioambiental en su ámbito de protección y restringiendo las artes de pesca profesional menos sostenibles en esos imprescindibles espacios de influencia de las falsas reservas de interés pesquero”.

Además, demandan que se consensue un Mapa Balear de áreas marinas de máxima protección para 2030, una fecha clave ya que el Estado y las Comunidades Autónomas han suscrito el “Acuerdo Verde 2030” en el que se comprometen a proteger efectivamente el 30% de la costa española, del que, por lo menos, el 10% serán espacios de máxima protección como reservas integrales.