El deslinde de costas es la línea que establece donde termina la propiedad privada y comienza la del Estado. El problema está en fijar dónde está esa frontera. Hasta la última reforma del reglamento se consideraba que el suelo público llegaba al punto alcanzado por la ola en máxima expansión durante cinco veces seguidas. «Sin embargo, en 2022 se cambió y se fijó en que si llega la ola, aunque sea una sola vez, la zona pasa a ser del Estado. Eso hace que gente que ha sido toda la vida titular de un espacio, de repente deja de ser suyo», ha explicado Carlos Simarro, director general de Costas del Goverm balear, en su visita al podcast de Gaceta Náutica. 

El Ejecutivo autonómico ha presentado alegaciones al polémico reglamento por considerar que atenta contra los intereses insulares. Un asunto de gran relevancia que está pasando desapercibido en el debate público.