La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma, Martina Mora, ha levantado el secreto de la mayoría de piezas del sumario del llamado caso Puertos en el que, entre otros, aparece como imputado el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Gual, y ha revelado varias investigaciones hasta ahora desconocidas por presunta corrupción en el seno del ente portuario.
Estas últimas pesquisas están centradas en las adjudicaciones de los silos de cemento del puerto de Alcúdia y la contratación por parte de la APB de una empresa de catering cuyas instalaciones fueron registradas el día 16 de este mes de abril. En ambos casos, la magistrada considera que existen indicios de "actos de favorecimiento" por parte de Juan Gual.
En un auto dictado el 26 de abril, la juez Mora señala que ex presidente de la APB en la pasada legislatura mantuvo supuestamente "relaciones de control e interés económico directo" en un negocio de catering, las cuales estarían "constatadas" por comunicaciones personales intervenidas y "flujos" de dinero.
La juez apunta que, durante el período en que Juan Gual ocupó la presidencia de los puertos de interés general de Baleares, este organismo efectuó al menos 24 pagos a la citada mercantil por un importe total de 62.781,68 euros y añade que su administrador, al que también investiga, posibilitó que Gual obtuviera "para sí y para sus familiares un beneficio económico sin que se advirtiera su participación, ocultándola y remunerándola".
Aunque la juez admite que la calificación del delito resulta prematura, valora como "clara" la posibilidad de su posterior calificación como "cohecho, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias".
En cuanto a la investigación de la adjudicación de los almacenes de cemento de Alcúdia, correspondiente a la pieza separada número 5, el auto del Juzgado de Instrucción número 3 únicamente detalla el nombre de dos sociedades que podrían haber sido favorecidas, sin aportar más detalles. No obstante, Gaceta Náutica tiene conocimiento de este asunto debido a que en su momento fue objeto de un contencioso administrativo. Dicho procedimiento quedó suspendidido hace algo más de un año, en cuanto se supo que la ampliación de la concesión de los silos estaba siendo investigada en el caso Puertos. Este medio decidió entonces no hacerse eco de la información para no entorpecer la investigación judicial en curso.
Las piezas judiciales del catering y los almacenes de Alcúdia son las dos principales novedades del caso Puertos junto a la confirmación del procedimiento penal contra la abogada del Estado que aserora a la Autoridad Portuaria de Baleares y a la que se imputa haber beneficiado presuntamente negocios de su marido, hecho que ella niega tajantemente. A estos asuntos hay que añadir las investigaciones que ya habían trascendido relativas a la adjudiciación de un puerto deportivo en Mahón y del Club Náutico de Ibiza, los fraudes presuntamente perpetrados en las tiendas libres de impuestos de las estaciones marítimas de Palma o la revelación de secretos por parte de un empresario, al que se atribuye un chivatazo que obligo precipitar la intervención de la Guardia Civil en la sede de la Autoridad Portuaria.
Esta información está basada en el contenido de un auto judicial dictado durante la fase de instrucción. Por tanto, todas las personas citadas conservan su presunción de inocencia.
