El Consejo de Administración de Ports IB decidirá el próximo martes el futuro de las instalaciones del Club de Vela Port d’Andratx, fundado en 1968, después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia le haya dado de plazo al Govern balear hasta el 2 de junio para la ejecución definitiva de la sentencia del Supremo que anuló el concurso convocado en 2002.
El requerimiento judicial advierte de que, si no se hace efectiva la reversión del espacio público en la fecha señalada, el organismo que gestiona los puertos autonómicos tendrá que pagar una multa de 1.000 euros cada semana. La sentencia del Tribunal Supremo data del mes de abril de 2017 y en ella se reconoce el derecho de la empresa IMP Group a explotar los amarres que el Club de Vela Port d’Andratx viene ocupando desde hace 56 años. Su ejecución se ha demorado desde entonces debido a la transformación que ha experimentado el puerto en las últimas dos décadas.
Ports IB planteará una solución salomónica basada en un estudio de reequilibrio económico y financiero realizado por la consultora y auditora KPGM, cuyos detalles no han sido todavía revelados oficialmente pero que, según ha podido saber Gaceta Náutica, propone la división de la superficie actual del puerto en dos concesiones: una para IMP Group, en los términos contemplados en la sentencia del Supremo, y otra que podría seguir explotando el Club de Vela.
Esta propuesta de reparto del puerto se basa en que el Club de Vela ha realizado inversiones en el dominio público por un valor aproximado de 9 millones de euros, de los cuales 5 no se han podido todavía amortizar. Estas obras y reformas, que han sido autorizadas por la administración, se han traducido en un incremento de casi un tercio de la superficie que fue objeto del concurso. Ports IB entiende, de este modo, que la concesión que corresponde a IPM Group es menor a la que ocupa el Club de Vela en la actualidad y, por tanto, cabe hacer un reparto equitativo.
No obstante, fuentes de Ports IB reconocen la dificultad de que el Club de Vela pueda gestionar automáticamente la parte segregada de la actual concesión, dado que su situación de precariedad hace necesario convocar una nueva licitación. Lo que sí tiene claro el Govern balear es que la náutica social y deportiva ha de seguir teniendo presencia en Andratx, y por ello se plantea convocar un concurso al que, por las características de sus bases, sólo puedan concurrir entidades que acrediten experiencia deportiva federada.
La propuesta de ejecución del Consejo de Administración de Ports IB se enviará al Tribunal Superior para su ratificación -si procede- y a las dos partes afectadas (Club de Vela e IPM Group), que tendrán un plazo de 15 días antes de decir si la aceptan o la recurren. La concesión de IMP Group, sea cual sea la superficie final, tendrá una duración de 14 años que empezarán a contar desde el día en que tome posesión del puerto.
