No es algo habitual, más bien todo lo contrario, poder presenciar en directo una operación rutinaria de control de la navegación de recreo a bordo de la patrullera Río Segres de la Guardia Civil. Eso es lo que ha ocurrido hoy en el marco de la presentación de la campaña de verano de control e inspección de embarcaciones de uso particular o que llevan a cabo actividades de alquiler náutico y transporte marítimo (las conocidas golondrinas).

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco Martínez, y el jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el capitán Francisco Córdoba, acompañados por el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, han sido los encargados de dar a conocer el operativo de este año, que ya se ha saldado con 44 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el alquiler de embarcaciones de recreo en las Balears.

La neumática auxiliar de la patrullera Rio Segres, con dos guardia civiles y un inspector marítimo de la Conselleria del Mar, se ha dirigido a las dos embarcaciones para requerirles la documentación. Afortunadamente, los barcos inspeccionados esta mañana en la Bahía de Palma tenían todos los papeles al día para salir al mar.

“No sólo revisamos que tengan los permisos en regla, además miramos todo el equipamiento de seguridad y realizamos controles de alcoholemia a los profesionales (capitanes, marineros…)”, ha explicado el capitán Francisco Córdoba, jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Baleares.

Control de una embarcación de lista sexta esta mañana en la Bahía de Palma.

Es el cuarto año que el Govern Balear -en esta ocasión a través de la nueva Conselleria del Mar-, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el Servicio de Aduanas aúnan esfuerzos para realizar operaciones conjuntas en el control y vigilancia del dominio marítimo terrestre.

La lucha contra los chárteres náuticos ilegales, el fondeo en zonas ilegales de posidonia y playas, la recogida de personas en puntos no habilitados en la costa y la inspección de la documentación y permisos, así como de los títulos habilitantes de los patrones, se  intensifican especialmente en los meses de verano, aunque, según ha apuntado el capitán  Córdoba, también se llevan a cabo el resto del año.

Esta temporada se han incoado 44 expedientes sancionadores, de los cuales 32 corresponden a infracciones leves (documentación caducada, por ejemplo) y 12 a infracciones graves (carecer de permiso de actividad profesional, entre otros), que han sumado sanciones por un valor total de 43.100 euros.

"Es crucial poner fin a las actividades ilegales que comprometen la seguridad y el medio ambiente en nuestras aguas", ha declarado el conseller Juan Manuel Lafuente, quien ha añadido que "estos controles no solo protegen nuestros recursos marinos, sino que también aseguran que todos los operadores cumplan con las mismas normas, garantizando una competencia justa".

La colaboración entre diferentes organismos, según ha indicado, es esencial para mantener la integridad de nuestras costas y la seguridad de quienes las utilizan. El compromiso del Govern balear es seguir intensificando estos esfuerzos durante toda la temporada.

"Queremos enviar un mensaje claro: no toleraremos las actividades ilegales que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural y económico", ha subrayado el conseller.

El historial de expedientes sancionadores por actividades ilegales de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo en Baleares ha crecido un 541 por ciento desde 2019, año en que se registraron 17 expedientes sancionadores y en 2023 la cifra se elevó a 109.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta con ocho embarcaciones -dos de las cuales están desplazadas a Menorca e Ibiza- y un equipo que supera los 40 profesionales para llevar a cabo el control e inspección de la navegación de recreo (actividades profesionales, alquiler náutico y particulares, motos de agua), actividades náuticas en las playas, vigilancia del patrimonio marítimo, contrabando e inmigración, además de la instrucción penal de todo lo que sucede en las aguas territoriales de Baleares (hasta 12 millas).