Juan Gual, expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) nombrado por la entonces presidenta regional Francina Armengol, se enfrenta a una petición fiscal de penas que suman 9 años de prisión por tres delitos relacionados con la adjudicación irregular de concesiones en los puertos de Ibiza y Mahón.

El escrito de calificación presentado por la Fiscalía Anticorrupción detalla en 55 folios cómo Gual y otros directivos y asesores de la APB, entre los años 2015 y 2020, se concertaron presuntamente para "favorecer a particulares" en la adjudicación de concesiones del dominio público portuario, en perjuicio de los intereses económicos del citado organismo.

El fiscal Juan Carrau Mellado, que hace suyas casi todas las conclusiones de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, en el auto que pone fin a la fase de incoación del sumario, atribuye a Gual los delitos de fraude (6 años de prisión y 10 años de inhabilitación), cohecho (3 años de prisión y 15 años de inhabilitación) y prevaricación administrativa continuada (15 años de inhabilitación).

Como medio de prueba, el Ministerio Público solicita el interrogatorio de 44 testigos en el juicio, así como la exhibición de centenares de documentos y la audición de escuchas telefónicas interceptadas por la Guardia Civil durante la investigación.

ARMENGOL NO ESTÁ CITADA

Entre los citados a declarar en la vista oral no se encuentra la expresidenta balear, hoy tercera autoridad del Estado, pese a los documentos que prueban que era puntualmente informada sobre la evolución del expediente del Club Náutico de Ibiza (CNI) y a que la instructora del caso considera que el móvil para beneficiar a esta entidad centenaria fue "político". Quien sí deberá responder ante la Justicia como acusado es el anterior alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, al que el fiscal considera parte de la trama y para quien reclama una condena de tres años.

La Fiscalía sostiene que Juan Gual, entonces presidente de la APB, favoreció ilegalmente al CNI en la adjudicación de la explotación del dominio público portuario. Desde 2015, afirma Carrau, se habrían dictado resoluciones arbitrarias para garantizar que el CNI mantuviera el control de la dársena del puerto de Ibiza, lo que incluyó la presunta manipulación de criterios de selección y la creación de una comisión técnica ad hoc. Estas acciones, además de ir "en contra de los principios de transparencia y concurrencia", perjudicaron económicamente a la APB, que habría dejado de ingresar más de 9 millones de euros durante el periodo concesional.

En el caso de Menorca, las irregularidades se circunscribieron a la adjudicación de la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Poniente de Mahón a la empresa Marina Asmen SL.

Según la acusación pública, Gual, en concierto con otros altos cargos de la APB y representantes de Marina Asmen, favoreció supuestamente a esta empresa mediante la concesión de resoluciones arbitrarias. La Fiscalía destaca que esta concesión, al igual que en el caso de Ibiza, fue previamente acordada, apartándose de los criterios legales y ocasionando un perjuicio económico a la administración pública superior a 150.000 euros.

Siempre según la tesis del fiscal, en ambos casos, los funcionarios públicos de la APB, incluido Gual, actuaron a sabiendas de que las resoluciones que favorecían tanto al CNI como a Marina Asmen eran injustas y contrarias a la ley. Para lograr estos fines, “manipularon los procesos administrativos, redactaron criterios a medida de los adjudicatarios y se valieron de informes técnicos fabricados para justificar las decisiones”.

El Ministerio Público acusa, además, a otros altos cargos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), quienes también se enfrentan a penas significativas. Juan Carrau es el mismo representante de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó duras penas de prisión en otro caso de amaño de concursos en la APB, conocido como Mar Blau, y que el día del juicio llegó a un acuerdo de conformidad con las partes para retirar algunas acusaciones y rebajar las condenas de cárcel a multas.

LOS 13 ACUSADOS

Las penas solicitadas por el fiscal para todos los acusados en este procedimiento son las siguientes:

Juan Gual de Torrella (Expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares)

• 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación por fraude.
• 3 años de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 100 euros, y 15 años de inhabilitación por cohecho.
• 15 años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada.

Juan Carlos Plaza (Ex director de la Autoridad Portuaria de Baleares)

• 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación por fraude.
• 15 años de inhabilitación por prevaricación.

María Dolores Ripoll (Abogada del Estado y asesora de la APB)

• 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación por fraude.
• 15 años de inhabilitación por prevaricación.

Armando Parada (Jefe de explotación de la APB)

• 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación por fraude.
• 15 años de inhabilitación por prevaricación.

Fernando Berenguer (Exjefe del área de gestión de la Autoridad Portuaria de Baleares)

• 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación por fraude.
• 15 años de inhabilitación por prevaricación.

Rafael Ruiz González (Exalcalde de Ibiza y vocal del Consejo de Administración de la APB)

• 3 años de prisión y 8 años de inhabilitación por fraude.
• 15 años de inhabilitación por prevaricación.

Miguel Puigserver Llobera (Exvicepresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares)

• 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación por fraude.
• 15 años de inhabilitación por prevaricación.

Juan Marí Marí (Presidente del Club Náutico de Ibiza)

• 3 años de prisión por fraude.

Justo Saura Mercadal (Representante de la asociación ASMEN)

• 3 años de prisión por fraude.

Benito Reynés Gelabert (Representante legal de Marina ASMEN SL)

• 3 años de prisión por fraude.

Javier Mas Fabregat (Representante legal de Marina ASMEN SL)

• 3 años de prisión por fraude.

Marc Pons Pérez (Representante legal de Marina ASMEN SL)

• 3 años de prisión por fraude.

Basilio Sastre Gardés (Representante legal de Marina ASMEN SL)

• 3 años de prisión por fraude.

Esta noticia está basada en el escrito de acusación de la Fiscalía. Todas las personas citadas en ella conservan su presunción de inocencia.