José María Jiménez, presidente de la Comisión de Chárter Náutico de la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), considera “una buena idea” el proceso de licitación de los amarres destinados a Lista 6ª en los puertos autonómicos de gestión directa y entiende que, por lógica, “debería hacerse lo mismo” con las empresas de excursiones marítimas, que operan en Lista 2ª.
“Ambas son actividades comerciales. No se entendería que el proceso de libre concurrencia afecte únicamente a los barcos de chárter y que, mientras tanto, las golondrinas dispongan de puestos vitalicios a precios en muchos casos simbólicos”, sostiene Jiménez, cuya firma de alquiler de veleros forma parte del pool de empresas que opera desde hace años bajo la marca Lonja Marina Chárter. Esta instalación de la Autoridad Portuaria de Baleares (Estado central), ubicada en pleno corazón del puerto de Palma, salió concurso en agosto de 2023, pero la comisión técnica que ha de proponer la adjudicación todavía no se ha pronunciado.
Al presidente de las empresas de alquiler integradas en APEAM le parece “justo” desde el punto de vista conceptual que se promuevan concursos para la gestión del espacio público portuario: “Lo que propone el Govern para los amarres de chárter es razonable, incluida la limitación de las concesiones a cuatro años, aunque insisto en que debería ampliarse a las excursiones turísticas”. Jiménez rechaza, sin embargo, los criterios de valoración vigentes en las licitaciones de puertos deportivos. “Los cánones y las tasas tienen un peso excesivo. En cualquier trabajo, lo que más se valora es la experiencia; aquí lo que cuenta no es eso, sino el dinero que pones encima de la mesa, lo que está abriendo la puerta a los especuladores y poniendo en peligro la continuidad de instituciones como el Náutico de Palma, algo incomprensible. Si esto sigue así -advierte José María Jiménez-, existe riesgo de que se establezca un monopolio y la náutica en Baleares sea una actividad exclusiva para extranjeros adinerados con barcos de motor”.
La iniciativa de licitar el uso de las rampas de botadura y los amarres de chárter en los puertos de gestión directa del Govern balear ha generado polémica en algunos puertos de Mallorca, como Andratx o Sóller, donde pequeñas empresas y autónomos han denunciado que pone en peligro sus negocios. Temen que si los pliegos de los concursos establecen lotes mínimos de amarres, muchos de los actuales operadores -especialmente los autónomos que explotan una sola embarcación- no podrán competir y tendrán que cerrar sus negocios. El miedo de estos empresarios se basa en el único precedente conocido, el concurso para la botadura de embarcaciones comerciales en el puerto de Ciutadella. Ports IB licitó en este caso cinco lotes de seis embarcaciones con un canon mínimo de 9.000 euros, una cantidad razonable que fue elevada hasta 35.000 por uno de los adjudicatarios. Las bases de dicho concurso otorgaban un 80% de la puntuación a la oferta económica.
