Los tripulantes argelinos de una patera taxi (la forma eufemística con la que los medios se refieren una semirrígida con un motor de 150 CV) intentaron quemar vivos el mes pasado a los agentes de un lancha patrullera de la Guardia Civil en aguas próximas a Formentera. Los embistieron y rociaron con gasolina mientras trataban de interceptarlos. Por suerte, el combustible no llegó a prender y todo quedó en un susto.

Los traficantes de personas están cambiando su metodología: las pateras son cada vez más grandes (capaces de albergar hasta 25 pasajeros) y hay sobrados indicios de que en muchos casos (aquellos en los que los inmigrantes son locaizados en tierra) se utilizan embarcaciones rápidas que se plantan en Baleares en 8 o 9 horas, a una velocidad de 20 nudos.

En octubre, antes de final de mes, habían llegado a las Islas 565 inmigrantes ilegales en 35 pateras. La cifra es enorme y, sin embargo, no ha aparecido publicada en ningún medio de comunicación. El fenómeno se ha «normalizado» hasta el punto de no ser noticia. Pero ignorar un problema no hará que se solucione. Los políticos están tratando de tapar el asunto impidiendo que la Policía y la Guardia Civil informen de los detalles de sus intervenciones.

El Ministerio del Interior no quiere que se conozca la cifra de mujeres arribadas a las costas de Baleares ni que, gracias al efecto llamada que supone la no deportación de los inmigrantes, cada dos por tres aparecen cadáveres flotando. De esto no quieren ni oír hablar. Tampoco de que las interceptaciones de subsaharianos –las verdaderas víctimas de esta trata de seres humanos– se producen, por lo general, en los días de mal tiempo, mientras que los argelinos realizan las travesía cuando el mar está en calma. Ocultan deliberadamente información a la opinión pública para mantener un relato político que no se corresponde con la realidad. Esto lo saben los que trabajan en primera línea.