El Grupo IP3M, del empresario Juan Antonio Riutort, ha intensificado su oposición al acuerdo del Consejo de Administración de Ports IB que divide el puerto de Andratx en dos concesiones. La empresa ha presentado un nuevo paquete de alegaciones en el que aporta su propio análisis financiero y reclama que se le otorgue la totalidad del puerto actual. Además, propone fijar un canon anual de 1,5 millones de euros, una cifra que supone menos de un tercio del importe que Ports IB ha establecido para una superficie menor.
La controversia surge del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló en 2017 la concesión otorgada en 2006 al Club de Vela Port d’Andratx. En respuesta, Ports IB encargó un estudio de reequilibrio económico y financiero que concluye que las instalaciones actuales del puerto no se corresponden con las condiciones del concurso inicial debido a las obras de mejora y ampliación realizadas por el club durante los años de concesión. Con base en este informe, el Consejo de Administración de Ports IB resolvió dividir el puerto en dos áreas diferenciadas, ajustando las condiciones de licitación a la realidad actual.
El pasado 8 de octubre, Ports IB desestimó la mayoría de las primeras alegaciones de IP3M contra la división del puerto, aunque aceptó ciertas modificaciones. Entre los cambios aprobados, se encuentra la cesión a IP3M de 1.597 m² adicionales, incluyendo la piscina, la terraza y el restaurante del Club de Vela. Además, se amplió la superficie de sus amarres hasta 25.384 m² y se fijó un canon anual de 5.092.778 euros.
Sin embargo, IP3M insiste en que la división del puerto no es adecuada y ha solicitado formalmente que se le otorgue la totalidad del espacio portuario. Según fuentes del Consejo conocedoras de caso, en sus nuevas alegaciones la empresa de Riutort argumenta que el canon propuesto por Ports IB es desproporcionado y que su propio análisis financiero justifica la reducción de esta tasa a 1,5 millones de euros anuales.
El conflicto ya ha llegado a los tribunales. El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) desestimó la solicitud de medidas cautelares presentada por IP3M para paralizar la división del puerto en dos concesiones. Según la resolución judicial, no es competencia del tribunal decidir los concretos términos en que debe ejecutarse la sentencia del Supremo. El TSJIB consideró que aceptar la suspensión cautelar supondría una alteración de los plazos administrativos y una interferencia en las competencias de Ports IB.
Además, el tribunal desestimó la petición subsidiaria de IP3M, que buscaba suspender directamente los acuerdos adoptados por Ports IB. En su resolución, la Sala subrayó que estos actos administrativos no pueden considerarse parte de la ejecución de la sentencia, por lo que no procede su paralización.
El origen de esta situación se remonta a 2017, cuando el Supremo anuló la concesión otorgada en 2006 al Club de Vela Port d’Andratx. Durante el tiempo transcurrido entre la concesión inicial y la sentencia, el club realizó importantes inversiones que no estaban contempladas en el concurso original, como la ampliación y mejora de infraestructuras. El puerto actual no es el mismo que salió a concurso hace más de 20 años.
Eterna lucha entre los modelos social y mercantil
El conflicto que enfrenta al Club de Vela Port d’Andratx e IP3M refleja la tensión entre dos modelos de gestión portuaria que, aunque conviven pacíficamente en la mayoría de los puertos de Baleares, han derivado en Andratx en un proceso prolongado y controvertido.
Primero, esta disputa dio lugar a un extenso litigio judicial que culminó con la anulación de la concesión otorgada al Club de Vela en 2006 por parte del Tribunal Supremo (TS). Posteriormente, el conflicto ha desembocado en una etapa de arbitraje complejo liderada por Ports IB, siempre bajo la supervisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB),
encargado de garantizar la correcta ejecución de la sentencia.
El Club de Vela Port d’Andratx, como su nombre indica, es una entidad social y deportiva sin ánimo de lucro que, a lo largo de su trayectoria, ha destacado por su compromiso con el fomento de la vela y el piragüismo. IP3M, por su parte, es un grupo empresarial de enorme envergadura con una presencia consolidada en el sector náutico del archipiélago balear y la península. Sus negocios incluyen concesiones en instalaciones estratégicas como STP (la mayor área de reparación de grandes embarcaciones en Baleares, ubicada en el Moll Vell de Palma), dos marinas en Ibiza, otras dos en Palma y una más en Mahón, además de los varaderos de Ibiza y Valencia.
