Un total de 47 gobiernos de todo el mundo apoyados por la Comisión Europea y la Cámara Naviera Internacional (ICS) presentaron el pasado 9 de enero una propuesta conjunta para poner en marcha un mecanismo de fijación de precios para las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el transporte marítimo internacional, con un texto conjunto que enmienda el Convenio MARPOL de la Organización Marítima Internacional (OMI). La propuesta se discutirá por un grupo de trabajo de la OMI el próximo mes de febrero.
Según informa la Asociación de Navieros Españoles, este mecanismo obligaría a las compañías navieras a contribuir económicamente por cada tonelada de CO₂ equivalente emitida, destinando los fondos recaudados a un nuevo ‘Fondo para la aplicación de la Estrategia de GEI de la OMI’. Se estima que la contribución oscilará entre 60 y 300 dólares por tonelada de combustible consumido.
El principal propósito de esta medida es reducir la diferencia de precios entre los combustibles convencionales y aquellos con emisiones cero o casi cero (zero/near-zero, ZNZ), como el metanol verde, el amoniaco y el hidrógeno, incentivando así su adopción por el sector. Además, los ingresos generados se destinarán a recompensar la producción y el uso de estos combustibles renovables, y a apoyar los esfuerzos de reducción de emisiones en países en desarrollo. Este enfoque cuenta con el respaldo de grandes naciones marítimas como Grecia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, así como de los principales Estados de abanderamiento, entre ellos Bahamas, Liberia, las Islas Marshall y Panamá.
Guy Platten, secretario general de la Cámara Naviera Internacional (ICS, por sus siglas en inglés), destacó que el sector respalda plenamente este mecanismo global. Según Platten, “el texto conjunto propuesto por esta amplia coalición es una solución pragmática y efectiva para acelerar la transición energética del sector, logrando el objetivo de cero emisiones netas para 2050”. Sin embargo, reconoció que, aunque la mayoría de los gobiernos apoyan una tasa universal por emisiones de GEI, aún existen preocupaciones entre algunos Estados, por lo que se buscará consenso durante las etapas finales de las negociaciones.
La propuesta será evaluada en la reunión intersesiones del grupo de trabajo de emisiones de GEI de la OMI, en febrero de 2025; y si las enmiendas al Convenio MARPOL son aprobadas en abril, el mecanismo podría entrar en vigor en 2027, comenzando con la recaudación de contribuciones a partir de 2028.
Entre los impulsores de esta propuesta figura España y el resto de países de la UE, además de Bahamas, Fiyi, Georgia, Islas Marshall, Jamaica, Japón, Kenia, Liberia, Montenegro, Nigeria, Palaos, Panamá, la República de Corea, las Islas Salomón, Seychelles, Tonga, Tuvalu, Ucrania, el Reino Unido y Vanuatu.
