El Govern modificará el Decreto que regula el charter para especificar que el alquiler náutico tendrá prohibida la comercialización de salidas mediante tickets individuales en las embarcaciones y para regular mejor la gestión de los residuos que genera esta actividad.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Govern de les Illes Balears, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, han presentado hoy los cambios previstos en el Decreto 21/2017, que regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo.

El conseller ha asegurado que estas modificaciones tienen como objetivo prioritario “aumentar la seguridad en esta actividad, garantizando una mayor protección tanto para los usuarios como para el medio marino”. Juan Manuel Lafuente ha dejado claro que el chárter es un sector fundamental y necesita de “un marco jurídico que mejore la calidad y lo proteja frente a la competencia desleal”.

Las embarcaciones de chárter náutico no están autorizadas a comercializar salidas mediante tickets individuales, ya que esta facultad está reservada a las empresas de excursiones marítimas y que deben estar registradas en la lista segunda.

Hasta ahora, los propietarios de las embarcaciones de chárter debían especificar en la declaración responsable, que se presenta en la Dirección General de Transporte Marítimo antes del inicio de la actividad, que no tenían intención de vender tickets por plaza. La nueva versión del Decreto que regula el alquiler náutico dejará claro que los contratos de arrendamiento serán para la embarcación entera.

Otra de las cuestiones importantes que se cambiará en el decreto es la mejora de la gestión de los residuos que generan las embarcaciones de chárter.  De esta forma, la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo exigirá que las embarcaciones de alquiler dispongan de un lugar para gestionar las aguas grises, así como todos los desperdicios que se generen a bordo.

Esta medida dificultará la actividad de embarcaciones de charter que no cuentan con un puerto base que son, en gran medida, las que se dedican a esta actividad de forma irregular. También se exigirá a todas las empresas y particulares que ejerzan esta actividad en aguas de Baleares que tengan un consignatario o un representante legal en España.

Además, Antoni Mercant ha explicado que se implantará un sistema telemático único que facilite la presentación de la declaración responsable y agilice las gestiones administrativas para el inicio de la actividad y se promoverán prácticas responsables que garanticen la protección del entorno marino y un uso adecuado de los recursos disponibles.

La consulta pública de la modificación del Decreto 21/2017 estará disponible en el Portal de la Dirección General de Transporte Marítimo, donde los interesados podrán enviar sus propuestas mediante los canales habilitados. Este proceso estará abierto durante 10 días, permitiendo la participación activa de ciudadanos, asociaciones y empresas del sector.

Una vez finalice la consulta pública previa, el Govern analizará las aportaciones y trabajará en la redacción de la modificación del Decreto. Este borrador será sometido de nuevo a un proceso de exposición pública y podrán presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva. Antoni Mercant ha remarcado que el proceso administrativo para la modificación es largo y lento, pero ha expresado su deseo de que pueda estar en vigor de cara a la próxima temporada estival.