“Los amarristas pueden decidir si quieren ser socios del club, no es obligatorio. Y en el caso de que no les interese, se les mantendrían las mismas condiciones que tienen con la Autoridad Portuaria de Baleares. No es cierto que se les obligue a pagar la cuota de acceso al club si no lo desean; lo único que cambiaría para ellos es el casero”. José Manuel Santander, presidente del Club Nàutic Portitxol, ha respondido con estas palabras a la polémica suscitada por la propuesta de absorción de los amarres de gestión directa incluida en el proyecto que esta entidad presentará ante la Autoridad Portuaria de Baleares para renovar su concesión por un periodo de 15 años.
Santander ha aclarado que la propuesta de asumir la explotación de toda la rada procede del club y no de la Autoridad Portuaria de Baleares, y obedece a la sugerencia de este organismo de cambiar la ubicación del varadero para que no desentone con el proyecto urbanístico previsto para la zona. “En ningún caso la APB nos ha dicho que debamos quedarnos con estas plazas para prorrogar la concesión”.
Los usuarios de la APB pagan actualmente una tarifa de 0,10 euros por metro cuadrado más suministros. “Les hemos explicado que, si no quieren hacerse socios, seguirán abonando esta cantidad y que la tarifa, en el futuro, será la que tenga vigente la APB, ni un euro más. Al no ser socios, no tendrán que hacer frente a ninguna derrama, como se ha asegurado. Tendrán los mismos derechos y obligaciones que tienen ahora. Los que sí quieran ser miembros del club pasarán, por su parte, a pagar lo que cualquier otro socio y tendrán sus mismos derechos, que incluyen, por ejemplo, 25 días de varada gratuita al año y descuentos en el restaurante y en los cursos de vela”, ha recalcado José Manuel Santander, quien asegura estar “sorprendido” por el revuelo generado, teniendo en cuenta que “de momento no hay nada presentado y ni una sola línea tirada”, y que el Nàutic Portitxol es un club con un perfil de socio muy parecido al de la gestión directa, “con embarcaciones modestas y un ambiente muy popular”.
La plataforma contra la ampliación del club náutico teme, sin embargo, que el proyecto derive en una pérdida de status de los amarristas y pone el acento en que la concesión del club está limitada en el tiempo (a la prórroga de 15 años, un tiempo tras el cual la instalación podría salir a concurso), mientras que las plazas de la APB vienen siendo ocupadas desde hace décadas por los mismos usuarios, mediante renovaciones anuales. La medida para obtener un amarre social en Baleares es de 26 años, según ha informado hoy Gaceta Náutica, citando datos oficiales de la APB y Ports IB. Los puertos autonómicos y de interés general de Baleares acumulan una lista de espera de 7.348 embarcaciones.
Lorenzo Riutort, portavoz del grupo opositor, formado por al menos un centenar de usuarios, ha declarado esta mañana que el plan esbozado por el Nàutic de Es Portitxol supondría el fin de la náutica social en esta zona del puerto de Palma: “A nadie se le puede obligar a formar parte de una entidad si no quiere, ya sea como simple usuario o como socio”.
