El Club Nàutic Portitxol no asumirá la gestión de los amarres de gestión directa de la APB, cuyos usuarios, aunque conservarán sus plazas, verán endurecidas las condiciones de sus contratos: se actualizarán las tarifas con el IPC (lo que no ocurre desde hace varios años) y se restringirán los derechos de transmisión para que corra la colosal lista de espera. La APB no quieren oír hablar de amarres “heredables”. No cabe descartar, por otro lado, que a los amarristas sociales se les exija no sobrepasar un determinado umbral de renta, lo que sorprendentemente no ocurre, y justificar el uso de la embarcación.
Estas serán, a juzgar por mi experiencia y la información de que dispongo, las principales consecuencias del revuelo generado en torno al proyecto de remodelación de la dársena del Portitxol. El club tendrá que adaptar su propuesta de inversión a los límites de su actual concesión y los amarristas de gestión directa, que actualmente están pagando 0,10 euros por metro cuadrado y día (57 euros al mes por un barco de siete metros), podrán decir que han ganado la batalla y conservar la mayoría de sus privilegios, pero no todos. La Autoridad Portuaria y su homólogo autonómico, Ports IB, ya han hablado del tema y se han propuesto unificar criterios para la concesión de amarres. En Baleares hay 7.348 personas esperando que se les asigne una plaza. La media de espera es de 26 años y en algunos casos se remonta a 1986.
Hasta la fecha, los políticos han eludido este problema haciendo lo que mejor saben: nada. Pero el fin de algunas concesiones está provocando convulsiones imprevistas. Tal es el caso de Es Portitxol, donde los socios del club y los amarristas de la APB convivían en paz hasta hace unas semanas. La polémica suscitada por el proyecto de privatización de la dársena ha derivado en un enfrentamiento entre unos y otros -aunque ambos lo nieguen- y ha aflorado un debate, el de la náutica popular, que nunca ha sido tratado con rigurosidad, sino con el trazo grueso propio de los políticos y de quienes se aferran a viejas prebendas, como aquella vez en que un grupo de bien pagados trabajadores de la APB exhibió sin pudor el hormigonado de sus rostros al reclamar ante un juez que sus amarres gratuitos en el puerto de Palma fuesen considerados un “derecho laboral”.
Un debate sin tabúes
¿Tenemos los baleares, por nuestra condición insular, derecho a disfrutar de un amarre por debajo de los precios del mercado? De ser así, ¿a qué coste y en qué condiciones? ¿Es de recibo la transmisión del derecho sobre un bien público en herencia? ¿Deberían estos amarres estar restringidos a personas con escasos ingresos? Entiendo que todas estas preguntas puedan resultar impertinentes para los vigente amarristas sociales, pero quizás no lo sean tanto para las miles de personas que llevan décadas en lista de espera. La náutica social son los usuarios con plaza, qué duda cabe, pero también los que no la tienen y se están viendo privados del acceso al mar.
A la autoridad competente en Es Portitxol, la APB, no le queda ahora otro remedio que solucionar un problema que no estaba en su agenda. Y lo hará, a instancias del Govern balear, evitando cualquier coste político, igual que ocurrió con el Club Marítimo Molinar de Levante. Sin embargo, no podrá sustraerse a la obligación de poner orden en su propia casa, una vez se han revelado los criterios trasnochados con los que regula sus puertos de gestión directa. Lo mismo debería hacer Ports IB, cuyo plan general de puertos ya contempla el uso compartido de embarcaciones, al estilo de los clubes de navegación, una buena idea que ha sido esbozada pero que sigue sin desarrollar.
Hablemos de náutica social, sí, pero sin soslayar ni uno de los puntos incómodos de este debate ni perpetuando un modelo cuyo fracaso se hace elocuente en el mismo momento en el que el Govern balear saca pecho por haber otorgado 142 plazas teniendo una lista de espera de siete millares.
