El movimiento en defensa de la “náutica social” en Baleares ha ganado fuerza desde que, hace dos semanas, se conoció el proyecto de privatización de la gestión de la dársena del Portitxol, presentado por el pequeño club náutico situado en esta zona del puerto de Palma. Lo que comenzó como una protesta localizada entre un grupo reducido de amarristas ha ido creciendo y extendiéndose por toda el área de influencia de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Actualmente, más de 300 personas están agrupadas en un chat de WhatsApp denominado Plataforma de amarre social del puerto de Palma.
El objetivo inmediato de este colectivo, formado por usuarios de amarres de gestión directa en Portitxol, San Magín y Can Barbará, es llenar mañana el aforo del Port Centre de Palma. Allí, la Plataforma ha organizado una reunión informativa para responder a las preocupaciones de los amarristas. El encuentro se celebrará a las 18:30 horas. Los representantes de la plataforma esperan que sirva para demostrar el apoyo social a la gestión directa de los amarres por parte de la APB. Según sus integrantes, estos amarres, que ofrecen tarifas económicas —muy inferiores a los precios actuales en las Islas—, son fundamentales para garantizar el acceso al mar de los mallorquines en un contexto de creciente gentrificación de los puertos deportivos.
La creación de la plataforma responde a la propuesta del Club Nàutic Portitxol (CNP) de incorporar los 425 amarres de gestión directa a su concesión, que actualmente incluye 300 plazas. Esta institución, con una larga tradición, representa también a usuarios de la náutica popular y no es considerada una entidad elitista. Sin embargo, la necesidad de justificar una inversión significativa para optar a una prórroga de 15 años en su concesión ha llevado al club a plantear esta medida, que ha generado controversia y ha dado pie a la organización de los amarristas.
Aunque el presidente del CNP, José Manuel Santander, ha asegurado en declaraciones a Gaceta Náutica que los amarristas que no deseen integrarse como socios del club mantendrán sus derechos y tarifas actuales —0,10 euros por metro cuadrado y día, lo que equivale a unos 57 euros al mes para un barco de 7 metros—, los miembros de la plataforma prefieren continuar dependiendo directamente de la APB. Esto les permite mantener sus derechos sobre los amarres, los cuales no están sujetos a limitaciones temporales (aunque tienen un carácter precario) y pueden ser transmitidos por herencia, según el reglamento vigente de la APB.
El proyecto del club, aprobado en su asamblea general, se encuentra aún en fase de elaboración, y no se han dado a conocer todos los detalles. En las cinco reuniones informativas celebradas con 96 amarristas, el CNP comunicó que la cuota de acceso para convertirse en miembro de pleno derecho, fijada en 6.000 euros, podría prorratearse durante el periodo de prórroga. Según el CNP, la mayoría de este grupo de usuarios ha expresado interés en dar el paso hacia la integración.
