Hay realidades que no por viejas y conocidas dejan de ser escandalosas. Las 7.348 peticiones de amarre en lista de espera que acumulan las dos administraciones portuarias de Baleares son un ejemplo de la nulidad de las políticas aplicadas durante décadas. El hecho de que Ports IB anunciara el mes pasado con orgullo la entrega de apenas 142 amarres refleja lo lejos que están estas instituciones de abordar el problema de manera estructural, conformándose con avances que resultan insignificantes frente a la magnitud del desafío.
El reciente revuelo generado por la posible privatización de los 450 amarres gestionados directamente en Es Portitxol ha servido como catalizador para analizar esta problemática con más detalle. Tras revisar todas las listas de espera, los resultados son desalentadores: no solo por el número de solicitudes pendientes, sino también porque la demora media asciende a 26 años, con ciudadanos que aguardan una respuesta desde mediados de los años 80. Este dato evidencia que el sistema de gestión directa, lejos de ser eficiente, funciona únicamente para quienes tuvieron la suerte de obtener una plaza en su momento.
Al ahondar en los reglamentos que rigen la gestión portuaria, emergen prácticas difíciles de justificar. Por un lado, la herencia de derechos de amarre, permitida por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Presentar un testamento o certificado de últimas voluntades basta para que el derecho sobre este recurso público pase a un familiar, perpetuando así una situación que bloquea el acceso a nuevos usuarios. Por otro lado, tanto la APB como Ports IB autorizan que los amarres estén a nombre de personas jurídicas, es decir, empresas. Resulta incomprensible que espacios concebidos para la náutica social, con precios inferiores a los del mercado y una demanda insatisfecha de miles de ciudadanos, puedan ser disfrutados bajo este privilegio.
Es imprescindible proteger a los navegantes de pequeña eslora y recursos limitados, promoviendo rampas públicas y fomentando la creación de marinas secas. Este último modelo permitiría ubicar en tierra muchos barcos de motor que ocupan espacio en el agua, liberando así amarres para veleros y embarcaciones de mayor calado. Sin embargo, no basta con atender a quienes ya tienen garantizado el acceso al mar.
El concepto de náutica social, por cierto, necesita una definición clara y consensuada, dado que las propias administraciones no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en el límite de eslora que lo delimita. El Govern balear, con competencias en náutica de recreo reconocidas en el Estatuto de Autonomía, tiene una asignatura pendiente. No solo debe liderar la modificación de reglamentos obsoletos y garantizar su cumplimiento, sino también proponer soluciones innovadoras y adaptadas a la realidad actual. Entre estas medidas se encuentran las marinas secas ya citadas y el uso compartido de embarcaciones, una idea recogida en el Plan General de Puertos pero que, hasta ahora, no ha sido desarrollada.
La náutica social no es únicamente un derecho para quienes ya disfrutan del mar, sino una aspiración legítima de quienes llevan décadas esperando, con cada vez menos motivos para mantener la esperanza. Resolver este problema no es solo cuestión de voluntad política; es un paso necesario para democratizar el acceso a un bien que pertenece a todos. A los que tienen amarre, claro, pero también a los que no.
