El Consejo de Administración de Ports IB celebrará el próximo viernes, 14 de febrero, una reunión extraordinaria para someter a votación la propuesta de sus servicios jurídicos sobre la división del actual Club de Vela de Andratx en dos concesiones. La decisión, que debía haberse tomado en la sesión ordinaria de ayer, fue aplazada a petición de varios consejeros, quienes solicitaron más tiempo para analizar la documentación presentada. El conseller del Mar aceptó la petición y convocó la sesión extraordinaria para abordar este asunto.
La propuesta que se someterá a votación responde a las últimas alegaciones presentadas por el grupo empresarial IPM, que ha reclamado la totalidad del puerto y un canon anual similar al que abona actualmente el Club de Vela de Andratx. Hasta el momento, los términos de la proposición no se han hecho públicos, salvo para los miembros del consejo, que deberán decidir sobre un conflicto que lleva años en los tribunales y cuya resolución ha sido objeto de un complejo arbitraje.
El origen del conflicto se remonta a 2006, cuando el concurso de la concesión del puerto de Andratx fue adjudicado al Club de Vela. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 anuló dicha concesión, lo que obligó a Ports IB a buscar una solución para ejecutar el fallo judicial. La empresa pública encargó un estudio de reequilibrio económico y financiero que concluyó que la concesión original ya no se correspondía con la realidad del puerto debido a las mejoras y ampliaciones realizadas por el Club de Vela.
En su reunión del pasado 8 de octubre, el Consejo de Administración de Ports IB rechazó la mayoría de las alegaciones iniciales de IP3M contra la división del puerto en dos concesiones. No obstante, aceptó que la empresa privada ampliara la superficie de su concesión en 1.597 m² adicionales, incluyendo la piscina, la terraza y el restaurante del club. Además, se incrementó el área de sus amarres hasta los 25.384 m² y se estableció un canon anual de 5.092.778 euros.
IPM, que mantiene concesiones en otros puertos del archipiélago y la península, no quedó satisfecha con esta resolución y presentó nuevas alegaciones, argumentando que el canon fijado es excesivo y solicitando que se le otorgue la totalidad del puerto con una tarifa anual de 1,5 millones de euros, es decir, menos de un tercio de lo establecido por Ports IB.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya se pronunció en junio sobre este conflicto, rechazando la solicitud de IPM de paralizar la división del puerto. En su resolución, el TSJB consideró que no era de su competencia determinar los términos de ejecución de la sentencia del Supremo, dejando esta responsabilidad en manos de Ports IB.
El Consejo de Administración de esta empresa pública deberá decidir ahora si mantiene su plan inicial de dividir el puerto en dos concesiones o si atiende las nuevas reclamaciones de IPM. Mientras tanto, el Club de Vela de Andratx sigue operando en precario a la espera de la resolución del conflicto. El Grupo IPM, por su parte, continúa su estrategia de expansión en el sector náutico, tras haber obtenido importantes concesiones portuarias en Palma, Ibiza, Mahón y Valencia.
