La suerte está echada. El Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears (Ports IB) ha rechazado hoy el segundo paquete de alegaciones del Grupo IPM a la propuesta de dividir el puerto de Andratx en dos concesiones, dando por cerrado el capítulo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2017 reconoció el derecho de esta empresa a explotar las instalaciones del actual Club de Vela de Andratx. Desde hoy, no hay vuelta atrás: IPM tiene diez días desde la comunicación del acuerdo para contestar si acepta los requisitos que le impone la administración o, por el contrario, desiste de la concesión.
El Govern balear, representado por la empresa pública Ports IB, aceptó en octubre de 2024, tras unas primeras alegaciones, que dicha sociedad se quedara con una superficie equivalente a dos tercios del puerto, incluidas la piscina, la terraza y el restaurante del club, y amplió hasta 25.384 metros cuadrados el área destinada a amarres, a cambio de un canon anual de 5.092.778 euros por un periodo improrrogable de 14 años. Esta propuesta, que ha resultado ser la definitiva, se basa en un estudio de reequilibrio económico-financiero para ajustar las condiciones de la licitación original de 2002 a la realidad actual. En este tiempo, el Club de Vela ha llevado a cabo obras de ampliación y mejoras que no estaban contempladas en la licitación. El puerto de hoy no tiene nada que ver con el que salió a concurso hace 23 años.
Sin embargo, el Grupo IPM no aceptó estas condiciones y el pasado diciembre reclamó la totalidad del puerto por un canon anual de 1,5 millones. La diferencia entre lo que ofrece Ports IB y lo que pretende la empresa de Juan Antonio Riutort es abismal. El Consejo de Administración de la empresa pública que gestiona las instalaciones portuarias autonómicas ha zanjado el asunto –al menos de manera temporal– en una reunión extraordinaria celebrada esta mañana, instando a IPM a aceptar las estipulaciones de la propuesta o renunciar a la concesión, lo que, como es lógico, deja abierta la vía a la presentación de un nuevo contencioso administrativo sobre la ejecución de la sentencia. En este caso, la resolución del conflicto se demoraría durante varios años, seguramente más allá del plazo de la legislatura vigente. La pelota está ahora en el tejado del grupo empresarial de Juan Antonio Riutort.
Ports IB ha solventado con la resolución de hoy el grueso de un problema que se viene arrastrando desde hace ocho años, cuando el Supremo falló a favor del Grupo IPM, pero son varias las incógnitas que quedan por resolver, como las condiciones en las que se habría de realizar el traspaso –en el caso de que hubiera acuerdo entre todas las partes– y el futuro del Club de Vela, que podría seguir disfrutando de un tercio de su actual puerto mediante una ocupación temporal mientras se aprueban las bases para un nuevo concurso. También están pendientes el preceptivo acto de reversión y la decisión sobre cuál de las dos concesiones gestionará el campo de boyas de Andratx.
El Club de Vela Port d’Andratx, como su nombre indica, es una entidad social y deportiva sin ánimo de lucro dedicada al fomento de la vela y el piragüismo. IPM, por su parte, es un grupo empresarial de enorme envergadura con una presencia consolidada en el sector náutico del archipiélago balear y la península. Sus negocios incluyen concesiones en instalaciones estratégicas como STP (la mayor área de reparación de grandes embarcaciones en Baleares, ubicada en el Moll Vell de Palma), dos marinas en Ibiza, otras dos en Palma y una más en Mahón, además de los varaderos de Ibiza y Valencia.
