26 de mayo de 2022. El empresario Ángel Bustos y su abogado, Javier Jiménez Cisneros, comparecen ante los medios de comunicación a pie de pantalán en el puerto de Formentera para anunciar que, pese a haber perdido el concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), la sociedad Marina Formentera ha decidido continuar al frente dela instalación. Consideran discriminatorio que la APB no se haya prestado a conceder una prórroga de la concesión y alegan que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares está pendiente de resolver su solicitud de medidas cautelares, la cual será finalmente rechazada. Ese mismo día, un portavoz de Puertos informa a Gaceta Náutica de que “estamos estudiando todas las acciones legales a emprender ante esta situación”.
Tuvieron que pasar casi dos años para que, ya en abril de 2024, esas “acciones” se sustanciaran en la orden del Consejo de Administración de la APB de dar traslado de los hechos a la Fiscalía de Baleares. El caso, según ha podido saber este periódico a través de fuentes oficiales, se encuentra bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, concretamente en el expediente numerado como D.P.A. 1377/2024.
Las pesquisas están encaminadas a determinar si la ocupación de los terrenos portuarios de La Savina una vez expirada la concesión podría ser constitutiva de los delitos de desobediencia, usurpación y malversación, así como a identificar a sus autores. La decisión de permanecer en la instalación fue adoptada por la Junta General de Accionistas de Marina de Formentera, de acuerdo con la información facilitada por el propio Ángel Bustos en el transcurso de la rueda de prensa.
El empresario estuvo acompañado en aquella ocasión por el abogado Javier Jiménez Cisneros, quien se presentó ante los periodistas como catedrático de Derecho Administrativo y manifestó lo siguiente: «No entendemos por qué el único supuesto en el que se ha denegado la prórroga es Marina de Formentera. Es más, lo consideramos discriminatorio. Por eso hemos acudido a la Sala del Tribunal Superior de Justicia y hemos pedido medidas cautelares. Hemos solicitado que nos mantengan en la situación actual hasta que se resuelva».
Angel Bustos denució en aquel acto que el concurso de la APB que ponía fin a su derecho de explotación de una de las dos dársenas deportivas del puerto de Formentera fue una “subasta pública” que no tuvo en cuenta la memoria económica financiera de los licitantes.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) había acordado una semana antes elegir la oferta presentada por la empresa Port Med Formentera, S.L. para la gestión de puestos de amarre y locales en la dársena interior de poniente en el puerto de La Savina (Formentera). Considerada esta propuesta como la solución más ventajosa por parte del Consejo de Administración, la APB otorgó a esta empresa una autorización administrativa de un año, con posibilidad de prorrogarla anualmente hasta un plazo máximo de tres temporadas. Port Med Formentera, que opera bajo la marca Marina La Savina, había presentado la mejor oferta económica.
La elección de Port Med Formentera en mayo de 2022 no fue por unanimidad del Consejo de Administración del ente portuario. En la votación se registraron las abstenciones de los representantes de las Cámaras de Comercio de les Illes Balears, Antoni Mercant (hoy director general de Puertos de Baleares); de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas; y de la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan. Sin embargo, la propuesta de informar a la Fiscalía dos años después sí fue adoptada con el consenso de todos los miembros del máximo órgano de decisión de los puertos de interés general en Baleares.
En las bases del concurso se establecía la gestión de una superficie total de 13.408 metros cuadrados, de los cuales 9.183 corresponden a espejo de agua y el resto a superficie de tierra. Se incluía también la gestión de tres edificaciones destinadas a actividades comerciales, así como una estación de suministro de combustibles para embarcaciones de recreo. Los pliegos del concurso marcaban una tasa de ocupación de 507.786,90 euros y otra de actividad de 4% sobre el volumen de negocio. La oferta ganadora propuso un canon anual de 1.010.000 euros. La última prórroga termina en septiembre de este año.
Cambio de paradigma en La Savina
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado la licitación para unificar la gestión de todos los amarres del puerto de Formentera bajo una única empresa, que también explotará una marina seca, aparcamientos y el suministro de combustible. Este cambio de enfoque, que rompe con el modelo actual de concesiones separadas, ha generado un gran revuelo entre vecinos, usuarios y profesionales del puerto, quienes temen que la medida derive en un monopolio que limite el acceso equitativo a las instalaciones y priorice el beneficio económico sobre el interés general.
Pese a la oposición de algunos sectores y de la política local, la APB defiende que esta concentración busca estabilidad jurídica, mayor competitividad y optimización de recursos. La concesión, con una inversión mínima de 15 millones de euros y una duración de hasta 25 años, permitirá a la empresa adjudicataria reorganizar la distribución de los 180 amarres existentes, con condiciones específicas para el chárter y servicios esenciales. Además, se contempla la construcción de nuevos edificios y aparcamientos subterráneos, lo que supondrá la demolición de algunas instalaciones actuales, como la Casa del Mar y la antigua cofradía de pescadores.
