El Govern se opone a la propuesta estatal de permitir el alquiler de embarcaciones privadas inscritas en la lista séptima porque considera que esta medida que supondría un grave problema para Balears. El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha trasladado hoy esta postura del ejecutivo autonómico al director general de la Marina Mercante, Gustavo Santana.

En la reunión celebrada en Madrid, a la que han asistido también el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, los responsables del Govern han mostrado su preocupación sobre la regulación del sector náutico y la seguridad en el litoral.

Juan Manuel Lafuente ha defendido la necesidad de garantizar una normativa que refuerce la seguridad en la navegación sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas que operan legalmente en Balears. El principal punto de fricción es el proyecto de un real decreto presentado por la Dirección General de la Marina Mercante que introduce una nueva regulación para el alquiler temporal de embarcaciones de lista 7ª (uso privado), permitiendo su arrendamiento bajo ciertas condiciones.

El conseller ha advertido a Gustavo Santana de que esta medida podría generar un aumento descontrolado de la actividad náutica en el archipiélago, saturando el litoral y dificultando la gestión del tráfico marítimo en temporada alta. Además, supondría una competencia desleal para las empresas del sector, que sí cumplen con todos los requisitos administrativos, fiscales y de seguridad exigidos.

En este sentido, el Govern ha anunciado que, dentro de sus competencias, establecerá una regulación específica sobre el arrendamiento náutico en Balears. Asimismo, también se ha solicitado que cualquier cambio normativo en el ámbito estatal no entre en vigor en plena temporada turística, para evitar perjuicios al sector y facilitar su adaptación a la nueva regulación.

Decreto autonómico

Lafuente ha informado a Marina Mercante sobre el proceso de modificación del Decreto de Chárter Náutico de Balears, una normativa clave para regular el alquiler de embarcaciones en el archipiélago. Actualmente, el decreto se encuentra en fase de consulta pública hasta el 7 de marzo, un período en el que ciudadanos, asociaciones y empresas del sector pueden presentar alegaciones.

Lafuente ha subrayado que este decreto supone una actualización necesaria para adaptarse a la realidad del sector, donde el alquiler náutico es una actividad estratégica con un impacto económico significativo.

En el encuentro, los responsables del Govern también han apuntado la necesidad de abordar cuestiones clave en materia de infraestructuras portuarias y seguridad marítima. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la importancia de llevar a cabo actuaciones de dragado en diversos puertos del archipiélago para garantizar la operatividad y la seguridad de la navegación.

Asimismo, Lafuente ha reiterado la necesidad de asegurar que todos los puestos de Salvamento Marítimo en Balears cuenten con los recursos adecuados para garantizar una respuesta eficaz ante emergencias en el mar.