La Ley de Puertos de Baleares, promulgada en 2005, ha sido clave para el desarrollo y modernización de la náutica y el sector portuario del archipiélago. En su momento, aportó estabilidad y permitió que clubes náuticos y marinas, fundamentales en la consolidación de la oferta náutica de Baleares, pudieran adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias normativas. Veinte años después, se puede afirmar que, en términos generales, su impacto ha sido positivo, aunque su aplicación generó controversias en los puertos donde las antiguas concesiones se extendían más allá de 2018.
Sin embargo, la Ley de Puertos de Baleares presenta algunas deficiencias que, a juicio de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), deberían resolverse. La más relevante es su falta de armonización con el resto de normas españolas, incluida la Ley de Puertos del Estado, en lo que respecta a la prórroga de concesiones. Antoni Estades afirma que es es un tema crucial, pues de él depende el futuro del modelo de náutica social en las Islas: «Tenemos la oportunidad de garantizar el acceso a la náutica recreativa de las próximas dos generaciones; hay que ponerse manos a la obra sin más demora».
COMPARACIÓN
Rafael Palmer, gerente y asesor jurídico de la ACNB, coincide en la necesidad de abordar el asunto valorando su importancia por encima de la urgencia: «El momento de resolver un problema es cuando se detecta, no cuando ya es tarde», declara. Un análisis comparativo de las legislaciones autonómicas evidencia el rezago de Baleares en materia de prórrogas, previstas únicamente si están contempladas en el título concesional.
«En este ámbito estamos muy lejos de la Ley de Puertos del Estado, que permite prórrogas de hasta un máximo de 50 años, obviamente vinculadas a compromisos de inversión por parte del concesionario», explica Palmer. Según la ACNB, esta normativa debería ser la referencia para una futura modificación de la Ley autonómica, alineándose con comunidades como Galicia, Murcia o Canarias, que han optado por remitirse a la ley nacional.
En Baleares, las prórrogas solo son viables si están expresamente recogidas en el título concesional, algo que no ocurre en la práctica, lo que deja en una situación incierta a los actuales adjudicatarios. En contraste, la Ley de Puertos del Estado permite la ampliación del plazo concesional incluso cuando no está prevista, a cambio de lo que denomina «inversiones relevantes» y, en casos excepcionales, cuando la explotación tenga un «interés estratégico para el puerto, el desarrollo económico o la competitividad».
Mientras Baleares carece de un marco normativo claro que contemple prórrogas de concesiones, otras comunidades han adoptado diferentes enfoques. Galicia, por ejemplo, permite prórrogas cuando la concesión original las contempla, pero también en casos de inversiones relevantes destinadas a mejorar la eficiencia energética, la calidad ambiental o la introducción de nuevas tecnologías, siempre que representen al menos el 10 % de la inversión inicial actualizada. En cualquier caso, el plazo total no puede superar los 50 años.
INVERSIONES
En la Comunidad Valenciana y Andalucía, la legislación permite prórrogas bajo condiciones similares: inversiones significativas superiores al 20 % de la inversión inicial o que las concesiones se consideren de interés estratégico, ya sea por su impacto económico o su contribución al sector náutico y turístico. En Murcia y Canarias, la normativa también remite a la Ley de Puertos del Estado, asegurando que las prórrogas sean posibles siempre que se cumplan requisitos de inversión o de apertura de las instalaciones al uso público. Cataluña, por su parte, limita las concesiones a 25 años, salvo en casos de obras de singular importancia, donde se pueden superar los 50 años.
Estades insiste en que la estabilidad en la gestión del espacio portuario se garantiza con concesiones que permitan afrontar y amortizar inversiones de gran calado, tal como ha ocurrido con la adaptación de los clubes de la ACNB a la Ley de Puertos de Baleares de 2005. «Poder trabajar con un horizonte a largo plazo ha permitido inversiones por valor de 80 millones de euros en los clubes de Baleares. La Ley autonómica ha facilitado esta evolución: las infraestructuras han mejorado y, a su vez, han aumentado los ingresos de la administración en concepto de cánones y tasas. Si un sistema funciona, lo lógico es mantenerlo. En el caso de los clubes, además, ha crecido notablemente la inversión en deporte y actividades sociales que benefician a la comunidad».
