La publicación del nuevo decreto que regulará el chárter náutico en Baleares “va para largo”, según han reconocido fuentes del Govern balear. La demora se debe a la obligatoriedad de responder a numerosas alegaciones y recabar informes de organismos como el Consell Econòmic i Social, el Consell Consultiu e incluso el Institut Balear de la Dona. Se prevé que el decreto no se publique en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) antes de mayo o junio, coincidiendo con la temporada alta turística.
El decreto vigente ha estado en funcionamiento durante siete años, y el objetivo es que la nueva normativa tenga una validez mínima de una década, asumiendo que la náutica está sometida a cambios constantes que inciden en el uso del mar como espacio recreativo. El proceso de actualización ha generado una gran controversia entre diversos actores del sector náutico y las administraciones públicas.
Requisitos de amarre y venta de plazas individuales
Una de las propuestas más debatidas del nuevo decreto es la exigencia de que las empresas de chárter náutico cuenten con un amarre o punto de embarque y desembarque autorizado en Baleares. La Asociación de PYMES de Actividades Náuticas de las Islas Baleares (APANIB) ha manifestado su oposición a esta medida, argumentando que muchas empresas utilizan las instalaciones portuarias para sus operaciones. APANIB propone la habilitación de puntos de embarque y desembarque regulados por la administración, considerando que la escasez de amarres en los puertos de las islas limita el acceso de las empresas a las infraestructuras necesarias para desarrollar su actividad.
APANIB rechaza, asimismo, la prohibición de alquilar embarcaciones por plazas individuales o mediante la venta de tickets, al entender que esta medida excluiría a determinados operadores del mercado. La asociación sostiene que la venta de boletos no convierte la actividad en transporte de pasajeros y que esta restricción podría responder a intereses de ciertos sectores distintos de la Lista 6ª, con el fin de excluir a los operadores económicos que explotan estas embarcaciones mediante esta fórmula. Cabe señalar, no obstante, que un informe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma fue tajante al considerar que la actividad comercial del chárter consiste en alquilar la embarcación en su conjunto y no plazas individuales, práctica reservada a los barcos de Lista 2ª (golondrinas y transporte marítimo).
Conflictos competenciales y respuesta del Gobierno central
El Gobierno central ha expresado su intención de recurrir el decreto balear si este finalmente prohíbe el traspaso del uso privado a comercial de embarcaciones inscritas en la lista 7ª. El subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación Internacional del Ministerio de Transportes, Julio Carlos Fuentes, ha señalado la importancia de evitar choques competenciales entre la Marina Mercante y las comunidades autónomas, abogando por una "uniformidad legal que huya de particularismos que generan desconcierto".
El conflicto competencial surge del rechazo del Govern balear a la propuesta estatal de permitir el alquiler de embarcaciones privadas de lista 7ª. El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, trasladó esta oposición al director general de la Marina Mercante, Gustavo Santana, en una reunión celebrada en Madrid. Lafuente argumentó que esta medida podría generar un aumento incontrolado de la actividad náutica en el archipiélago. El Govern considera que esta práctica podría suponer una competencia desleal para las empresas del sector que cumplen con todos los requisitos legales y fiscales.
Propuestas de seguridad y protección ambiental
La Asociación de Empresas de Chárter Náutico de las Islas Baleares (AECIB) ha propuesto incrementar las exigencias de seguridad en el chárter náutico. Entre las medidas sugeridas se incluyen la obligatoriedad de que las embarcaciones cuenten con sistemas de geolocalización y la implementación de controles más estrictos sobre el estado de las embarcaciones y la capacitación de los reponsables de la gestión de las empresas de arrendamiento náutico. Estas propuestas buscan garantizar la seguridad de los usuarios y preservar el entorno marino de las islas.
Incertidumbre en el sector del alquiler de embarcaciones
La falta de consenso entre el Govern balear y el Gobierno español ha generado mucho revuelo en el sector del alquiler de embarcaciones en Baleares. Empresarios y trabajadores del sector no ocultan su preocupación por el impacto que las nuevas regulaciones puedan tener en sus negocios y empleos.
