Entre 2019 y 2024, el número de expedientes sancionadores relacionados con el charter en Baleares ha aumentado un 800%. En 2019 se incoaron 17 expedientes (8 leves y 9 graves) que supusieron sanciones por un total de 35.250 euros, mientras que, el año pasado, los expedientes ascendieron a 153 (64 leves y 89 graves), por un total de 462.200,01 euros.
El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el teniente coronel Francisco Ramón Martínez; el jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, capitán Francisco Córdoba; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, han presentado esta mañana una nueva edición de la campaña conjunta de control e inspección de embarcaciones que realizan actividades de alquiler sin cumplir los requisitos legales o vulnerando la normativa vigente.
Este operativo, coordinado entre diferentes organismos públicos, cumple ya su séptimo año consecutivo y tiene como objetivo frenar las actividades irregulares vinculadas al transporte de pasajeros, el fondeo ilegal o la recogida de personas en puntos no autorizados. Las actuaciones incluyen controles de documentación, autorizaciones y titulaciones profesionales de los patrones.
"Es prioritario erradicar las actividades ilegales que ponen en riesgo la seguridad y el entorno marino de nuestras islas", ha subrayado el conseller Juan Manuel Lafuente. "No podemos permitir que unos pocos comprometan los recursos naturales de todos ni generen una competencia desleal frente a quienes sí cumplen con las normas".
En lo que llevamos de 2025, ya se han abierto 40 nuevos expedientes, con 17 infracciones leves y 23 graves, y sanciones que podrían alcanzar los 173.100 euros. Además, aún están pendientes de tramitar más de 45 denuncias y actas remitidas por la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y los técnicos de la Dirección General.
Durante 2024 se incoaron un total de 153 expedientes sancionadores en Balears por infracciones relacionadas con el alquiler de embarcaciones y con la normativa de transporte marítimo, de los cuales 64 fueron por infracciones leves y 89 por infracciones graves. De ellos, 131 ya se han tramitado y 22 siguen abiertos. Las sanciones propuestas ascienden a un total de 462.200,01 euros.
El conseller ha vuelto a reclamar una implicación más activa del Gobierno de España en el control de la actividad náutica irregular, especialmente en lo que respecta a los fondeos ilegales y a la función de policía del litoral, que son competencias estatales. "Nosotros no miramos hacia otro lado: estamos haciendo un esfuerzo que no nos corresponde y seguiremos haciéndolo porque nos jugamos mucho", ha apuntado.
