¿Qué interés tiene el Gobierno central en autorizar el alquiler de embarcaciones privadas? ¿Pretende incentivar la compra de barcos? ¿Quiere favorecer a determinadas gestorías náuticas? ¿O simplemente busca llevarle la contraria al Govern balear, que se opone de forma rotunda a la medida? Todas estas preguntas son más que pertinentes después de que el anuncio del Ministerio de Transportes haya derivado en un conflicto competencial de primer orden sobre quién manda en la náutica balear.

El Estatuto de Autonomía otorga claramente al Govern la competencia sobre la ordenación del uso del litoral en aguas interiores (las que discurren entre puntas), lo que, llevado a la literalidad, podría generar situaciones tan surrealistas como que el alquiler de barcos de Lista 7ª fuese legal en la costa de la Tramontana, pero no en el lado meridional.

El sector náutico balear ha cerrado filas con el Govern, y lo ha hecho, a mi juicio, con un argumento de peso: la saturación del litoral durante los meses de verano y la alta conflictividad que ello conlleva. Clubes náuticos, marinas, empresas de chárter y la patronal marítima consideran que una liberalización de estas características no tiene sentido en un destino turístico masificado. Puede que en otras comunidades con menos presión sobre la costa y con interés en dinamizar el uso recreativo del mar, la medida tenga algún recorrido. En Baleares, no.

Más allá de la opinión que tenga cada uno, lo verdaderamente preocupante del asunto es la sensación de inseguridad jurídica que esta pugna entre administraciones provoca. No sólo en el sector náutico, sino también en la ciudadanía. Los poderes públicos están para resolver problemas, no para generarlos.

Y por si fuera poco, las propias gestorías náuticas han dejado claro que los requisitos para alquilar una embarcación de Lista 7ª son prácticamente idénticos a los exigidos para inscribirse en Lista 6ª. Esto plantea una pregunta aún más incómoda: ¿tiene realmente sentido toda esta polémica? ¿O estamos simplemente ante una disputa de carácter político, un pulso institucional disfrazado de debate técnico? En este caso, habría que preguntarse si no estamos asistiendo a una patética riña de patio de colegio.