El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) otorgó ayer a la empresa IP3M, del grupo del empresario Juan Antonio Riutort, una nueva concesión para gestionar la Marina Port de Mallorca, ubicada en pleno Paseo Marítimo de Palma y que, según consta en su página web, ofrece 200 amarres para yates de hasta 50 metros. La adjudicación tendrá una duración de seis años, tal como contemplaba la oferta presentada por la actual concesionaria, y supondrá unos ingresos de 6,2 millones anuales para la APB. El anterior canon por el mismo espacio era de 1,6 millones.
El proceso de licitación para este enclave había despertado un gran interés en el portuario. Un total de nueve empresas concurrieron al concurso público, entre ellas algunos de los principales operadores de ámbito balear, nacional e internacional. Las candidaturas fueron presentadas por Amarres Deportivos, D-Marin, DECOIN, Formentera Mar, IP3M, Marina Dalt Ibiza, OCIBAR, Puerto Portals y Yansika.
La apertura pública de plicas reveló una fuerte competencia económica, con propuestas de canon inéditas. La oferta más alta fue la de OCIBAR (gestora de Port Adriano), con 7.040.000 euros anuales por ocho años de concesión, seguida por Amarres Deportivos (6.542.000 euros por ocho años) e IP3M (6.200.000 euros por seis años). A pesar de no ser la más elevada, la propuesta de IP3M resultó finalmente seleccionada por su equilibrio entre canon, tarifas ofrecidas y duración del contrato.
La decisión definitiva se ha adoptado una vez completada la evaluación técnica, incluido el análisis del modelo económico-financiero, y ha recaído en el Consejo de Administración de la APB, que ha considerado que la oferta de IP3M es la más ventajosa para el interés general.
Las empresas de Juan Antonio Riutort controlan numerosos puertos y varaderos en Baleares. El Grupo IPM opera en Marina Ibiza, Marina Port Ibiza, Marina Port de Mallorca, Marina Port Mahón, Servicios Técnicos Portuarios (STP) y Varadero Ibiza, y está previsto que asuma próximamente la gestión de una parte sustancial —aún pendiente de concreción— del actual Club de Vela de Andratx, como consecuencia de un litigio resuelto por el Tribunal Supremo en 2017.
