La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha anunciado que este viernes el Consell de Govern aprobará una modificación del Decreto de chárter náutico que impedirá que esta medida estatal pueda aplicarse en las Baleares. El anuncio ha tenido lugar durante una sesión extraordinaria de la Mesa Náutica celebrada en el Club Náutico S’Arenal en la que se ha abordado el rechazo frontal del ejecutivo autonómico a la nueva normativa estatal que permite la actividad comercial de embarcaciones privadas mediante un cambio temporal de uso.
«No permitiremos que se imponga un modelo que ignora nuestra realidad insular y que compromete la sostenibilidad ambiental y la seguridad marítima de nuestras aguas. Lo hemos dejado muy claro: en las Illes Balears, el alquiler turístico de embarcaciones privadas no tendrá cabida», ha afirmado la presidenta Prohens.
Se trata de una respuesta legal ante una norma estatal que el Govern considera inaceptable para Baleares. La Resolución de 22 de julio de 2025, publicada en el BOE, permite que las embarcaciones de recreo de uso privado puedan operar comercialmente durante tres meses al año. Aunque la medida entrará en vigor el 15 de agosto, el Govern de les Illes Balears ha advertido desde el primer momento que esta regulación no puede aplicarse de forma homogénea en todo el territorio estatal, ya que las Illes Balears sufren una presión náutica mucho mayor y cuentan con una capacidad de carga limitada que exige una ordenación estricta.
La presidenta ha asegurado que, desde el punto de vista jurídico, la modificación autonómica será clara y tajante: en las Illes Balears no se podrá ejercer actividad de chárter náutico con embarcaciones que operen bajo un cambio temporal de uso. El decreto autonómico mantendrá la restricción del alquiler solo a embarcaciones de la sexta lista del registro marítimo, excluyendo explícitamente aquellas de la séptima lista que soliciten pasar temporalmente a uso comercial. De este modo, se preserva el régimen fiscal, operativo y jurídico diferenciado entre usos privados y profesionales.
Uno de los puntos centrales que ha defendido el Govern es la imposibilidad de autorizar un doble uso de los amarres. En las Illes Balears existe actualmente una lista de espera con más de 7.000 solicitudes para amarres de uso social o privado, y permitir que embarcaciones que ya disponen de una plaza para uso particular operen con fines comerciales supondría una distorsión profunda del sistema.
Durante la sesión, la presidenta ha reiterado que la sostenibilidad del litoral, la seguridad marítima y el equilibrio de usos en los puertos son líneas rojas que no pueden traspasarse. El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha explicado que la modificación del decreto actual responde a la necesidad de actualizar el marco normativo con mayor precisión, claridad y capacidad de respuesta ante los cambios que plantea el Estado. El nuevo texto reforzará la regulación autonómica de la actividad náutica recreativa y dejará claro que el arrendamiento de embarcaciones privadas con cambio temporal de uso no está permitido en las Illes Balears.
Esta medida responde a una preocupación compartida con las principales patronales y clubes náuticos de las Illes Balears, que también han expresado su rechazo a una liberalización encubierta del sector. El Govern entiende que abrir la puerta a la actividad comercial de embarcaciones privadas, sin una regulación adaptada al territorio, supone romper el equilibrio entre el uso social y comercial de los espacios portuarios, y aumentar aún más la saturación de un litoral ya muy tensionado durante la temporada estival.
Paralelamente, y como medida complementaria, el pasado viernes Ports de les Illes Balears (Ports IB) ya aprobó una resolución que prohíbe expresamente el uso comercial de los amarres concedidos para uso particular. Esta medida se ha adoptado en ejercicio de las competencias exclusivas que tiene la comunidad sobre el dominio público portuario, y establece que cualquier actividad económica que se realice con una embarcación amarrada en un punto social constituirá una infracción grave. Esto implicará la apertura de un expediente sancionador y, en su caso, la revocación inmediata de la autorización.
Ports IB también ha requerido a todas las entidades concesionarias de los puertos en régimen de gestión indirecta que presenten en un plazo máximo de diez días un informe detallado con la distribución de los amarres según su uso, diferenciando claramente entre usos sociales y usos comerciales, como medida de transparencia y control.
