La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) va como un tiro. Así lo constatan las cuentas de 2024, recientemente publicadas en su web, las cuales arrojan unos resultados económicos espectaculares, muy por encima de los niveles habituales en el sistema portuario español. El organismo presidido por Javier Sanz obtuvo un beneficio neto de 48,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,9% respecto al año anterior.
La cifra de negocio ascendió a 111,6 millones de euros, de los cuales 69,6 millones correspondieron a tasas portuarias y 42 millones a otros ingresos, como cánones concesionales y tarifas. El resultado de explotación fue de 37,5 millones, mientras que el resultado financiero aportó otros 7,8 millones al balance final.
En términos de eficiencia económica, la APB registró un ROA (rentabilidad sobre activos) del 5,64% y un ROE (rentabilidad sobre patrimonio neto) del 6,01%. Esto es mucho más de lo que se considera normal en organismos públicos, donde este tipo de indicadores rara vez superan el 3%. Para comparar, la Autoridad Portuaria de Barcelona obtuvo en 2023 un ROA del 2,54%, mientras que en Valencia el ROA se situó en torno al 1,82%, según las últimas cifras disponibles.
Los ingresos de la APB se verán cuantiosamente incrementados en los próximos años con la renovación de concesiones en condiciones más exigentes para los gestores privados, especialmente en el puerto de Palma, donde ya se han sustanciado concursos con importantes alzas en los cánones de ocupación del espacio público. En la última licitación resuelta por el Consejo de Administración de la APB, el ’alquiler’ del concesionario de Marina Port de Mallorca (Grupo IPM) ha pasado de costar 1,6 a 6,2 millones de euros por sólo 200 amarres.
La Autoridad Portuaria de Baleares, como el resto de autoridades portuarias del sistema estatal, no tiene entre sus objetivos fundacionales la rentabilidad financiera, sino la prestación de servicios portuarios en condiciones de eficiencia, seguridad y accesibilidad. Así lo establece el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que fija el principio de autonomía de gestión, pero no de maximización de beneficios.
En este contexto, el superávit de la APB y su estrategia de crecimiento de ingresos mediante tasas y cánones generan una situación poco común en el ámbito público, en la que un organismo orientado al servicio ha alcanzado márgenes similares a los de una empresa del sector privado.
