El pasado 2 de agosto de 2025 se publicó, por sorpresa, en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el decreto 44/2025, de 1 de agosto, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo. Por sorpresa, ya que miembros del Gobierno de Baleares han manifestado en repetidas ocasiones que esta temporada no entraría en vigor, afirmando que “no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de partido”… Pues, ni más ni menos que un 1 de agosto, en plena temporada alta, se han cambiado las reglas del juego.

El decreto pone en una situación de riesgo a centenares de profesionales y empresas, pues podría suponer el cierre y la quiebra de un buen número de pequeños y medianos empresarios, y mandar al paro a muchos patrones profesionales que venían ejerciendo su actividad en barcos de Lista Sexta que se comercializan por plazas, algo que el decreto pretende prohibir. Estos profesionales han operado durante años de forma legal, aportando empleo, riqueza y una actividad segura y sostenible, que siempre cuenta con un patrón profesional a bordo.

El nuevo decreto podría tener como consecuencia una reducción de la competencia en el mercado del turismo náutico, ya que la nueva norma otorga, de facto, el monopolio de las excursiones marítimas a las embarcaciones matriculadas en la Lista Segunda; esto es, a las conocidas como golondrinas, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo, atentando así contra la libertad de empresa. De este modo, el Gobierno del Partido Popular, presidido por Marga Prohens, podría acabar de un plumazo, sin argumentación alguna, con la posibilidad de que un ciudadano o turista pueda comprar uno o varios tickets individuales, o plazas, en una excursión en un velero, catamarán o pequeña embarcación en cualquiera de las islas Baleares. Una actividad recreativa perfectamente legal y habitual en los destinos costeros más populares del mundo.

El sector náutico lleva años queriendo desmitificar la náutica elitista en España y esta norma destruye en las Islas Baleares una opción que populariza la navegación de recreo y la hace más accesible, al permitir acceder a un barco de recreo por el precio de una plaza. Si usted quiere navegar en Baleares, tendrá que alquilar y pagar un barco completo o conformarse con subirse a una golondrina con decenas o cientos de turistas más. Esta es la política del gobierno de un partido que hace unas semanas aspiraba a ser, según afirmaba en su ponencia política, “la casa de los liberales”.

Pero el impacto de la norma no acaba ahí. Además de los cientos de empresarios y profesionales afectados que venían realizando legalmente y con seguridad sus excursiones marítimas durante décadas, muchos de los cuales desconocen aún la publicación de la norma, existen muchas actividades que podrían encontrarse ahora en una situación irregular, ya que el decreto carece del desarrollo adecuado para que puedan operar con seguridad jurídica.

En las Islas Baleares ejercen su actividad, atraídas por el buen clima y las buenas condiciones para navegar, decenas de escuelas náuticas homologadas en Reino Unido, Alemania y otros países, así como numerosos instructores de navegación de diferentes nacionalidades. Estas escuelas e instructores realizan sus formaciones en embarcaciones que habitualmente se alquilan por plazas, pues los alumnos suelen ir solos a los cursos, compartiendo curso y barco con otros alumnos. El nuevo decreto deja a todas estas escuelas e instructores en una situación irregular. Muchos de esos alumnos son los futuros turistas que alquilan o compran barcos o hacen turismo en Baleares, y que con esta normativa podrían acabar en otros destinos del Mediterráneo. Un tiro al pie incomprensible para la economía balear. El decreto solo permite a las escuelas náuticas autorizadas en España operar, por lo que expulsa a todos los extranjeros que quieran venir a aprender a navegar a España y obtener los certificados o títulos náuticos de sus países.

La lista es larga, pues son numerosas las actividades que se realizan a bordo de embarcaciones de Lista Sexta y se comercializan por plazas o tickets individuales: retiros de yoga a bordo de catamaranes, nómadas digitales que comparten un retiro en barco, familias que comparten una flotilla en varios barcos, cursos de vela de perfeccionamiento o “mile building”, como se conoce en inglés, clubes de navegación que organizan grupos para salir a navegar y adquirir experiencia, y muchas otras actividades que se combinan a bordo de un barco de Lista Sexta y se comercializan por plazas. Incluso en España, la mayoría de patrones profesionales de embarcaciones de recreo (PPER), que necesitan hacer millas para obtener sus certificados profesionales, realizaban hasta ahora sus travesías en las Islas Baleares a bordo de viajes que se comercializaban por plazas, opción que ya no será posible.

Los recién titulados náuticos en Baleares, que habitualmente adquieren confianza mediante salidas por plazas para perfeccionar sus habilidades en clubes o a bordo de salidas organizadas por otros patrones profesionales, tendrán que alquilar un barco completo para ellos junto con un instructor, buscarse un amigo con barco o desplazarse a la península para adquirir experiencia. Eso, o lanzarse “a la aventura” con sus títulos náuticos y sin experiencia, lo que compromete la seguridad de la náutica balear.

La famosa regata Ruta de la Sal, que se celebra cada año en Semana Santa y que recala en Ibiza, cuenta con numerosas embarcaciones que se alquilan por plazas para compartir la experiencia de participar en esta regata. Pues bien, esta opción, con el decreto actual tal y como está redactado, podría no ser posible ni en esta ni en ninguna de las regatas de Baleares que suelen comercializar barcos por plazas para participar… Quizás el Gobierno balear pretenda que estos participantes compitan a bordo de golondrinas de la Lista Segunda.

Es sonrojante que alguien en la administración pública haya decidido que todas estas actividades deben ser prohibidas en barcos de Lista Sexta porque son “transporte de pasajeros” exclusivo de la Lista Segunda, cuando la naturaleza de todas ellas no tiene absolutamente nada que ver con el transporte, pues son actividades de navegación recreativa o deportiva.

Asociaciones de empresas náuticas y empresas afectadas ya han mostrado su disposición a recurrir el decreto y exigir indemnizaciones por los daños causados. Estas asociaciones y empresas denuncian trato de favor, irregularidades en la norma y que no han contado con la mayoría de las partes afectadas, ya que los beneficios de la norma recaen únicamente en unas pocas empresas, que son las que han apoyado e impulsado el decreto desde sus asociaciones patronales.

Este decreto no tiene norma equiparable en ningún lugar del mundo. Es una ocurrencia que pone en grave riesgo las inversiones y empresas de centenares de profesionales, autónomos y navegantes, amantes del mar y de las Islas Baleares, que además de sacar con mucho esfuerzo sus negocios adelante, ahora tendrán que defenderse ante una administración que debería estar a su lado y que, sin embargo, les amenaza injustamente.

Alvaro García de Polavieja es fundador y CEO de Sailwiz

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