En días pasados, un periódico local daba cuenta a toda página de una denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Balears contra los responsables de Salvamento Marítimo, a raíz del supuesto abandono por parte de esta entidad de migrantes que llegan a Baleares en pateras. En este caso parece que se trata de una llegada a Cabrera donde, según los denunciantes, no fueron debidamente atendidos. En principio, el caso no parece muy grave, pues si las pateras ya habían llegado a tierra, sus ocupantes estaban a salvo de las inclemencias del mar y los elementos.
Lo que subyace en esta denuncia es la posible confusión existente en cuanto a las responsabilidades de unos y otros en el tema de la inmigración marítima irregular, patente ahora en nuestras islas por el flujo cada vez mayor de personas que hacen la ruta ya consolidada entre el Norte de África y Baleares. Y no es raro que sucedan episodios como este si tenemos en cuenta que en España tienen hoy en día competencias no militares (para eso sigue estando la Armada) en seguridad marítima no menos de seis instituciones: Sociedad de Salvamento Marítimo (SASEMAR), Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR), Servicio de Vigilancia Aduanera, Secretaría General de Pesca, Instituto Social de la Marina e Instituto Español de Oceanografía.
Todo ello supone unas cifras significativas: 5.000 personas, 45 barcos de más de 100 toneladas, 177 barcos de menos de 100 toneladas, incontables embarcaciones neumáticas semirrígidas, 19 helicópteros, 8 aviones, un número indeterminado pero creciente de drones y más de 500 millones de euros anuales de gastos de funcionamiento. A lo anterior hay que añadir lo que los servicios marítimos de las comunidades autónomas costeras van adquiriendo en virtud de sus competencias (Baleares acaba de anunciar la inminente adquisición de 22 embarcaciones). Sin embargo, a juicio de la mayoría de expertos, todo ello resulta insuficiente desde el punto de vista de la seguridad marítima y, en muchos casos, ineficaz. Los motivos son muchos: baja operatividad, competencias solapadas, formación naval y cultura marítima insuficientes, deficiente mantenimiento de las embarcaciones y, como muy importante, la ausencia de una autoridad única en la mar, con mando y control operativo sobre todos y cada uno de esos medios, independientemente de su dependencia administrativa.
Quizás no sea este el espacio para detallar y profundizar en todo ello, pero la noticia de la denuncia que ha originado estas líneas refleja parte de esta situación. En efecto, con cifras de los últimos años, aproximadamente el 71% de los inmigrantes irregulares que entran en España por mar no son detenidos por el organismo que tiene la competencia exclusiva del control de dicha migración (SEMAR), sino por SASEMAR, convertida en una especie de ONG que los trata como náufragos cuando, en realidad, en la mayoría de los casos van navegando normalmente en sus embarcaciones y más que náufragos son individuos que pretenden entrar ilegalmente en España. Del 29% restante, la mitad llega a tierra por sus medios sin ser detectados, con lo que solo el 14,5% es interceptado en la mar por el organismo competente para ello.
¿Hay alguna solución para este galimatías? Evidentemente, la creación de un Servicio de Guardacostas que asuma las funciones, medios y competencias que ahora tienen todas las agencias señaladas. España es la única de las naciones marítimamente importantes que carece de un servicio de este tipo. Cierto es que, tal como están las cosas, los expertos calculan en bastantes años el tiempo necesario para la transición desde la situación actual hasta el pleno desarrollo de tal organismo —no menos de veinte—. Pero eso solo quiere decir que habría que empezar cuanto antes.
